2022: un año ‘Fuera de Agenda’

2022: un año ‘Fuera de Agenda’

Debate de política general, jornadas de puertas abiertas, procedimientos legislativos, presupuestarios y de control, historia, patrimonio artístico, testimonios y más, en nuestro repaso a este año parlamentario.


Se acaba el año y antes de dar la bienvenida al 2023 queremos realizar un recorrido por los contenidos que han marcado los últimos 365 días y a través de los cuales os hemos acercado a lo que ha ocurrido en este año parlamentario, detrás de las cámaras y Fuera de Agenda.

El primer artículo del año lo dedicamos al Hemiciclo. Eje central de la historia contemporánea española, el Salón de Sesiones abarca perspectivas varias: la definición del espacio y sus elementos estructurales, su uso como sede del principal órgano parlamentario -el Pleno-, y como conjunto decorativo y monumental..

Continuamos  este repaso en palabras al 2022 con la presentación de una sección dedicada, precisamente, a ese lenguaje específico y en ocasiones complejo que ocupa los boletines y diarios de sesiones, pero también las páginas de los periódicos y las piezas de los informativos de radio y televisión.

Hablamos de la “Jerga parlamentaria”, nuestro particular diccionario que este año arrancamos con un concepto tan utilizado como ‘banco azul’, nombre con el que se definen los escaños que ocupa el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y los ministros.

También definimos con nuestra jerga parlamentaria uno de los modelos en los que se organiza el poder legislativo: el bicameralismo. El poder legislativo, regulado en el Título III de nuestra Constitución, se organiza en dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, aunque en nuestra historia parlamentaria no siempre ha sido así. Por ejemplo, las Cortes que dieron luz a la primera constitución española, la Constitución de 1812, eran unicamerales.

Y si el lenguaje es esencial para entender la actividad y las funciones del Parlamento, también lo son las normas y los procedimientos por los que se regula el funcionamiento de las Cámaras.

Por este motivo, y ya inmersos en el mes más corto del año y con el inicio del período de sesiones, detallamos a través de una infografía el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el recorrido que debe seguir una iniciativa legislativa hasta convertirse en ley, y os explicamos a fondo la aprobación de las leyes, como núcleo de la actividad parlamentaria.

No menos importante es la función de control, cuyo exponente más conocido es la sesión de control al Gobierno en la que los diputados preguntan al presidente y a los ministros y formulan interpelaciones sobre los asuntos de actualidad política, nacional e internacional.

El mes de marzo arranca con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Si en 2021 esta efeméride fue de especial trascendencia por coincidir con el 90 aniversario de la aprobación del sufragio femenino, en el año que ahora cerramos quisimos rendir homenaje, plasmado en una línea de tiempo , a  aquéllas mujeres que escribieron la historia de la igualdad en el ámbito institucional, cultural y científico, entre otros.

En abril libros mil

Con la llegada de la primavera y de abril quisimos celebrar la cultura a través de tres jornadas conmemorativas: el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 2 de abril; el Día Mundial del Arte, 15 de abril, y el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril.

Así, y a través de una búsqueda del tesoro, invitamos a los más pequeños a conseguir el libro ‘Bienvenido al Congreso’ con el objetivo de dar a conocer a niños y a jóvenes la Cámara Baja.

Y el Día del Arte, os retamos a descubrir cada detalle de las esculturas que decoran el frontispicio del Congreso, restaurado este año, y en el que se representa a España abrazando la Constitución rodeada de la Fortaleza, la Justicia, las Bellas Artes, el Comercio, la Agricultura, los Ríos y Canales de Navegación, el Valor Español, las Ciencias que contribuyen al desarrollo de la Industria y la Navegación, la Abundancia y la Paz.

Abril concluyó con el Día Internacional del Libro, para el que preparamos una guía de acceso y uso de las secciones bibliográficas de la Biblioteca del Congreso, con recursos relacionados no solo con leyes en tramitación o temas de actualidad, más de 550.000 referencias, físicas y digitales, que componen un fondo lleno de historias, ejemplares con personalidad única y tesoros por descubrir que pueden pasar desapercibidos entre la cotidianeidad de la vida parlamentaria. 

Ya en mayo hablamos descubrimos, a través de otro libro editado por la Cámara, tres siglos de artesanía, ciencia y técnica al ritmo de los relojes del Congreso  y de la mano de José Daniel Barquero, presidente del Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo y el autor del libro ‘Los relojes del Congreso’. Barquero nos detalló en Fuera de Agenda la colección de relojes que conserva la Cámara Baja y que se conforma como la colección más representativa de relojería de España.

Debate del estado de la Nación y sufragio femenino

En verano celebramos uno de los debates más importantes del año parlamentario: el Debate sobre el estado de la Nación, el vigésimo sexto desde la aprobación de la Constitución y el primero de la XIV Legislatura.

El presidente del Gobierno abre este debate, que no recoge el Reglamento pero que forma parte de nuestra tradición parlamentaria. Tras presentar su comunicación a la Cámara, debate con los representantes de los grupos parlamentarios, que al término del mismo presentan propuestas de resolución que se votan en la última jornada. Las aprobadas no tienen carácter legislativo, sino de orientación política al Ejecutivo.

En nuestro especial sobre este debate fuimos relatando lo que sucedía en la Cámara Baja, presentamos a los protagonistas de este Debate sobre el estado de la Nación y rememoramos, a través de audios., vídeos y diarios de sesiones, todos los anteriores, desde 1983 a 2015.

Además, en Fuera de Agenda publicamos un especial sobre la universalización del sufragio en España. A través de este artículo y de una infografía interactiva repasamos más de dos siglos de historia para analizar el largo camino que recorrieron las mujeres hasta adquirir el pleno derecho a votar, un recorrido que arranca en las Cortes de Cádiz y concluye con la aprobación de nuestra actual Constitución.

Política exterior y PGE

El último trimestre del año llegó cargado de importantes citas internacionales, como la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que este año se ha celebrado en Madrid con las Cortes Generales como anfitrionas.

Una ocasión inmejorable para hablar de una de las funciones menos conocidas del Parlamento, la relacionada con la politica exterior y la legislación internacional. En el post de inicio de curso abordamos el papel de las Cortes Generales en la autorización de los tratados internacionales.

Coincidiendo con la reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que tuvo lugar en noviembre, hablamos de la diplomacia parlamentaria y de las delegaciones de las Cortes Generales en organismos internacionales, un aspecto que nos cuenta en detalle María López, Directora deRelaciones Internacionales del Congreso.

Los últimos meses del año están también marcados por otra de las citas de más repercusión política y mediática, la presentación, debate, modificación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En nuestra sección ‘En trámite’ hablamos del procedimiento, el calendario de tramitación y la respuesta a las preguntas más frecuentes relacionadas con los dos debates en Pleno de las cuentas públicas del Estado: el de totalidad y el de votación del dictamen.

Y siguiendo con la actividad parlamentaria, en noviembre abordamos, de forma gráfica y explicativa, los distintos tipos de votaciones, en qué ocasiones se usan y cómo se realizan. Para entender el modo en el que se adoptan los acuerdos en la Cámara, hablamos además de las mayorías simple, absoluta o cualificadas, que se requieren para la aprobación de determinadas iniciativas o para la elección de órganos y personas.

Puertas Abiertas y Día de la Constitución

Diciembre es uno de los meses más especiales en el calendario del Parlamento. Y es que en el último mes del año la Cámara Baja abre sus puertas a todos los ciudadanos con las jornadas de Puertas Abiertas, en las que os invitamos a participar, tanto a quienes pudisteis acudir a la convocatoria como a quienes la seguisteis a través de nuestro blog y redes sociales, con retos y juegos como nuestro particular «scape room».

Así, durante los días 3 y 4 de diciembre, recibimos a más de 6.000 ciudadanos que pudieron recorrer y conocer de primera mano las estancias tan representativas del Palacio de la Carrera de San Jerónimo como el Vestíbulo de Isabel II, el Hemiciclo, el Salón de los Pasos Perdidos o la Galería de Retratos.

El mes de diciembre está marcado por una conmemoración que cada año convoca a los representantes de las instituciones del Estado y las comunidades autónomas, la celebración del acto institucional de las Cortes Generales con motivo del Día de la Constitución.

Este 6 de diciembre, cuando se cumplían 44 años desde el referéndum en el que los ciudadanos españoles ratificaron la Constitución aprobada por las Cortes Generales, repasamos con una infografía  las constituciones que han regido en la historia de nuestro país desde 1812.

Gracias por habernos acompañado en este recorrido, el próximo año retomaremos con más más testimonios, con nuevas propuestas para profundizar en las funciones de las Cámaras, en la historia de nuestro parlamentarismo y en el patrimonio cultural y artístico que queremos compartir con vosotros,  tanto en persona, con las visitas guiadas que se realizan durante todo el año, como virtualmente, a través de los vídeos, imágenes, entrevistas y retos que os planteamos en este espacio y en nuestros perfiles en redes sociales.

¡Os esperamos en 2023!

 

Debate sobre el estado de la Nación: La orientación política general del Gobierno, a discusión en el Congreso

Debate sobre el estado de la Nación: La orientación política general del Gobierno, a discusión en el Congreso

Entre 1983 y 2022 se han celebrado un total de 26 Debates sobre el estado de la Nación

El 'State of the Union Address' estadounidense y el 'State Opening' inglés son ejemplos de debates similares

En el Debate sobre el estado de la Nación el presidente del Gobierno hace balance de su gestión y discute con los representantes de los grupos parlamentarios la orientación política general del ejecutivo. Es un debate de especial relevancia política e informativa, ya que el Gobierno confronta sus decisiones con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en una sesión en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Si bien la celebración de debates similares en otros países así como su formato específico están regulados en normas jurídicas, en España, por el contrario, es una costumbre parlamentaria que viene ejerciéndose desde 1983. Comienza con la presentación de una comunicación por parte del Gobierno y finaliza, tras el debate con los diputados representantes de todos los grupos parlamentarios, con la tramitación y, en su caso, aprobación por parte de la Cámara de resoluciones que tienen por objeto orientar la acción del Gobierno en un determinado sentido.

Por lo tanto, este gran debate tiene una naturaleza convencional, consolidada por su ejercicio práctico, ya que no está previsto ni en la Constitución ni tampoco en el Reglamento del Congreso de los Diputados o norma inferior. De hecho, como veremos más adelante, se rige por lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento, dedicados al examen de las comunicaciones del Gobierno.

Referentes internacionales e influencias históricas

El Debate sobre el estado de la Nación encuentra relevantes antecedentes en el ámbito internacional, especialmente en el anglosajón, y en nuestra historia parlamentaria decimonónica. En concreto se pueden señalar como referencias el Debate sobre el estado de la Unión en Estados Unidos, el discurso de la Reina de Inglaterra durante la apertura del periodo anual de sesiones, y ya, en nuestro entorno más cercano, los Discursos de la Corona en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y las comunicaciones del Gobierno sobre temas monográficos durante la transición:

Debate sobre el estado de la Unión en Estados Unidos en 2022

Intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el Debate sobre el estado de la Unión de 2022. Imagen obtenida del vídeo de la sesión

El presidente de Estados Unidos, dice la Constitución de 1787, debe dirigir cada cierto tiempo al Congreso información sobre el estado de la Unión. Este derecho de mensaje del presidente se ha concretado en el State of the Union Address, un discurso anual a las dos cámaras que componen el Congreso -Cámara de Representantes y Senado- al inicio del periodo de sesiones, y en él se ponen de manifiesto los retos a los que se enfrenta la nación y se anuncia el programa legislativo y de gestión política y administrativa que promoverá el jefe del Estado en el nuevo periodo político que comienza.

State Opening en el Parlamento británico en 2022

Intervención del príncipe Carlos de Inglaterra, durante la lectura del discurso de la Corona al inicio del periodo de sesiones de 2022. Parlamento británico

En el State Opening, la ceremonia de apertura del Parlamento británico, la Reina de Inglaterra pronuncia un solemne discurso que, más allá de ser un simple acto protocolario, tiene por objeto presentar el programa legislativo del Gobierno de Su Majestad para el periodo parlamentario que comienza. La Reina da lectura así a un discurso -preparado por el Gabinete- en la Cámara de los Lores, que reúne para la ocasión a todos los Miembros del Parlamento, Lores y Comunes.

En los días posteriores, se celebra en ambas cámaras el Queen’s Speech debate, para la elaboración y aprobación de una moción de respuesta al discurso, un texto de carácter protocolario que en la práctica implica el análisis del contenido del mensaje del Gobierno, y que puede integrar asuntos relevantes para la oposición a través de la inclusión de enmiendas presentadas a la contestación.

Discurso de la Corona de la Reina María Cristina de Habsburgo en 1898

Lectura del mensaje de la Corona por la Reina regente María Cristina en el Palacio del Senado, publicada en el número del 30 de abril de 1898 de ‘la Ilustración Española y Americana’. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España

Si bien el el actual sistema parlamentaria configurado por la Constitución de 1978 la Corona se corresponde con la Jefatura del Estado y está desligada del poder Ejecutivo, en los sistemas parlamentarios decimonónicos el monarca se situaba a la cabeza del Gobierno, como muestran los títulos dedicados en nuestras constituciones históricas al ‘Rey y sus Ministros’. Y en este contexto eran tradición los discursos dirigidos por la Corona al Congreso de los Diputados.

En contrapartida, los Reglamentos de la Cámara Baja de 1847 y de 1918 contemplaban la elaboración de una contestación parlamentaria al Discurso de la Corona. La respuesta adquiría la forma de un dictamen elaborado por una comisión parlamentaria creada a tal fin que debatía y aprobaba un texto al que se podían presentar enmiendas para su discusión y votación. El texto aprobado se remitía al Gobierno, observándose en este procedimiento parlamentario la influencia del parlamentarismo británico.

Portada de El País
Portada La Vanguardia
Portada ABC

Portadas de diarios informando sobre el debate en torno a una declaración del Gobierno sobre política de carácter general que se celebró en el Congreso en julio de 1977. Hemerotecas digitales de El País, La Vanguardia y ABC

Otro precedente más cercano en el tiempo y que influyó también en el formato del Debate sobre el estado de la Nación fueron las habituales comunicaciones del Gobierno durante la Legislatura Constituyente y la I Legislatura. En estos debates se trataban asuntos específicos de gran relevancia tales como las perspectivas de la economía española, la situación energética, la política agraria, la reforma sanitaria o la seguridad social.

 

26 debates hasta la fecha

Se celebra por primera vez en 1983, durante la II Legislatura. El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, solicita este debate monográfico diez meses después de haber sido investido por la Cámara. Desde entonces, el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo ha acogido un total de 25 Debates sobre el estado de la Nación. Hasta 2015 se ha celebrado con una periodicidad anual, salvo los años en los que se han convocado elecciones generales o han pasado pocos meses desde las últimas celebradas. En estos casos, el candidato a presidente del Gobierno ya había presentado su programa de Gobierno durante la sesión de investidura.

En 2022 se ha retomado este trascendente debate, el primero de la XIV, tras un periodo de actividad parlamentaria marcado por dos disoluciones anticipadas y las convocatorias de elecciones generales o la situación provocada por la pandemia de Covid-19.

Como se ha señalado, Felipe González fue el primer presidente del Gobierno que se sometió a este intercambio dialéctico en la Cámara Baja. Lo hizo en diez ocasiones a lo largo de sus mandatos entre 1982 y 1996 (en tres ocasiones en la Legislatura II, otras tres en la III Legislatura, dos en la IV y otras dos en la V). En su primera intervención, según se recoge en el Diario de Sesiones, afirmó sobre esta “experiencia nueva” que tenía “la esperanza de que sea fructífera y también de que se repita en años ulteriores”.

Durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) se celebraron un total de seis debates sobre el estado de la Nación (tres en la VI Legislatura y otros tres en la VII). Al tomar la palabra en su primer debate en 1997, Aznar aseguró que “al promoverlo, el Gobierno ha querido dar continuidad a una iniciativa política que forma ya parte de nuestros usos parlamentarios. El sentido de este debate es acercar el Parlamento a la opinión pública. Los españoles esperan, pues, que examinemos las grandes cuestiones que afectan a nuestra convivencia, al bienestar y al porvenir de la Nación”.

Tras las elecciones generales de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente del Gobierno, cargo que ocupó hasta 2011. Durante estos años participó en un total de seis debates, tres en la VIII Legislatura y otros tres en la IX. El inicio de su intervención durante el debate de 2006 se refirió al mismo como “un debate sobre la situación de España”, en el que hablar “de lo que es España ahora y de lo que podemos hacer que sea España en el futuro”.

Por su parte, durante la IX Legislatura (2011-2015), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy participó en un total de tres debates sobre el estado de la nación. Durante su comparecencia en 2015, Rajoy vinculó el contenido del debate al grado de cumplimiento del programa que había propuesto durante su debate de investidura: “Estas fueron las prioridades que señalé para esta legislatura y que aceptó la Cámara” (…) “Por eso es razonable preguntarse en qué grado de desarrollo está hoy ese compromiso, dicho de otra manera, cuál es el estado de la Nación respecto a lo que yo mismo propuse ante esta Cámara.”

En 2022 se celebra el primer Debate sobre el estado de la Nación de la XIV Legislatura y el primero de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Comenzó su discurso definiendo esta sesión plenaria como «un momento muy importante de la vida parlamentaria de nuestro país» y destacó como en cuarenta años España había pasado de ser «una débil democracia con una economía también muy frágil y con un escaso peso internacional» a pertenecer «al club de las democracias más consolidadas del mundo».

El Debate sobre el estado de la Nación se ha convertido en estos años de democracia en un momento clave para el intercambio de ideas sobre los asuntos más relevantes del momento. El Pleno del Congreso deviene, aún más si cabe, en el epicentro de la democracia española, un foro en el que el Gobierno y los diputados no solo articulan sus discursos e intervenciones pensando en el auditorio -el Hemiciclo-, sino en la audiencia -que alcanzan a través de la prensa y de los canales de comunicación institucional de la Cámara Baja-, debido a la importante repercusión sobre la opinión pública que tiene esta trascendente cita parlamentaria.

portada revista cortes generales
 

Más información en el artículo dedicado al Debate sobre el estado de la Nación, publicado en la Revista de las Cortes Generales.

 

El Debate sobre el estado de la Nación es una costumbre parlamentaria y constitucional que consiste en un gran debate anual en el que se discute la orientación política general del Gobierno y se hace balance de sus resultados globales. En el presente artículo se analiza su naturaleza de convención, los antecedentes inspiradores, y su verdadero significado y evolución en el marco constitucional vigente. 

La universalización del sufragio, un largo recorrido desde las Cortes de Cádiz a las elecciones del 15J de 1977

La universalización del sufragio, un largo recorrido desde las Cortes de Cádiz a las elecciones del 15J de 1977

Todos los españoles hombres y mujeres mayores de 18 años pueden votar en las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado.

Hoy los derechos de participación política, y en especial el derecho al voto, están plenamente asentados en las sociedades democráticas.

Glosario

EN BLANCO

Sufragio

Voto de quien tiene capacidad de elegir

Sufragio activo

Derecho a ser elector

Sufragio pasivo

Elegibilidad de una persona para un cargo o dignidad

Sufragio directo

Modalidad de sufragio en la que los electores escogen a los elegidos sin la mediación de personas interpuestas

Sufragio indirecto

Modalidad de sufragio en la que los electores escogen a los elegidos a través de la mediación de diversos electores

Sufragio censitario

Modalidad de sufragio restringido en la cual se reservaba el derecho a votar a aquellos ciudadanos que poseían ciertas condiciones de renta o patrimonio

Sufragio capacitario

Modalidad de sufragio restringido en la cual se reservaba el derecho a votar a aquellos ciudadanos que reunían ciertas condiciones de titulación o capacidad intelectual

Sufragio universal

Sufragio fundado en el derecho de participación política de todos los ciudadanos que ostenten capacidad electoral.

El sufragio universal se alcanza tras recorrer un largo camino que en nuestra historia parlamentaria arranca en las Cortes de Cádiz y concluye con la aprobación de la Constitución de 1978, con un hito significativo en 1931, momento en el que se reconoce por primera vez el derecho de sufragio a las mujeres.

El camino arranca a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Con el tránsito del Estado Absoluto hacia el Estado constitucional y parlamentario, la soberanía se traslada del monarca a la Nación y al pueblo que adquiere así la capacidad de decidir sobre las leyes que les rigen. La Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 expresa una dicotomía entre la persona titular de derechos por el mero hecho de existir, y el ciudadano -más que súbdito-, dotado de derechos civiles y políticos, como el de participación.

A partir de entonces y a lo largo de un sendero que a veces es de ida y vuelta, el Estado liberal avanza hacia un sistema democrático en un proceso en el que cada vez un mayor número de personas son reconocidas como ciudadanos, ampliando el cuerpo electoral tanto en la capacidad de elegir como en la de poder optar a los escaños del Parlamento, es decir, se produce la identidad entre pueblo gobernado y pueblo que gobierna.

Ampliación del sufragio activo en España

La regulación del derecho a votar o sufragio activo, en el que nos centraremos, es parte nuclear del derecho electoral, y en la historia española este se caracteriza por la multiplicidad de fuentes jurídicas que lo han regulado, desde los textos constitucionales hasta instrucciones, decretos y leyes, cuyo contenido define en cada etapa histórica quién podía introducir la papeleta electoral en la urna.

Así, para ver cómo ha evolucionado el derecho de sufragio activo en España desde las primeras elecciones que dieron lugar a las Cortes de Cádiz de 1810, momento fundacional del constitucionalismo español, y hasta su universalización en 1933, cuando las mujeres acuden a las urnas por primera vez en nuestra Historia, es necesario analizar una triple condición: la introducción o eliminación de requisitos censitarios o capacitarios, el debate en torno a la edad mínima para votar y la ampliación del derecho de sufragio a las mujeres.

Este análisis permite establecer periodos históricos en los que predomina un modelo de sufragio. A grandes rasgos, los momentos iniciales del constitucionalismo español, cuando la Constitución de 1812 está vigente, se reconoce con carácter general el derecho de voto a todos los españoles varones mayores de edad.

Luego, durante el constitucionalismo isabelino (1833-1868) las dos ramas del liberalismo, moderados y progresistas, pugnan en torno a la ampliación o reducción del derecho de sufragio, imponiendo límites ligados a la renta o a la formación.

1869 supone un hito, al implantarse de nuevo el sufragio universal masculino, que se consolidaría a partir de 1890. Y el último paso en la universalización del sufragio se dará en 1931 cuando las Cortes Constituyentes de la II República avalan que todos los hombres y mujeres puedan votar.

Si bien el debate parlamentario entre Clara Campoamor y Victoria Kent pone de relieve la pluralidad de ideas y de matices que entonces envolvían el debate social y político sobre el derecho de la mujer a votar, cuarenta años más tarde, cuando la sociedad española regresa a la senda democrática, no se produce ningún tipo de debate en torno a la capacidad de participación política de la mujer: votan sin cortapisas en las elecciones del 15 de junio de 1977 y 27 mujeres ocupan escaño en la Legislatura Constituyente: 21 diputadas y 6 senadoras.

Hechas todas estas consideraciones, será más fácil seguir el camino que se ha recorrido en España desde el primer reconocimiento del derecho de participación política allá por los inicios del siglo XIX hasta su universalización ya entrado el siglo XX:

Los primeros años (1808-1814 y 1820-1823): el sufragio universal masculino

promulgación de la Constitución de 1812 por las Cortes de Cádiz

El derecho electoral español nace dotado de aparente universalidad en el sentido decimonónico de este término, comprendiendo a varones de una determinada edad.

Se elegiría a un diputado “por cada 50.000 almas” que tenga cada provincia según el censo de 1797. El sufragio es universal e indirecto para “los parroquianos mayores de edad de veinticinco años”. Pero la universalidad es en apariencia ya que se requería “tener casa abierta”, lo que hacía alusión a que los electores ejerciesen algún tipo de industria.

Tampoco pueden votar los que hubieran sufrido “pena corporal aflictiva”, los deudores a los caudales públicos, los “dementes ni sordomudos”, ni tampoco los extranjeros. Se encuentran así ya en la primera regulación electoral unos supuestos de exención del derecho, que permanecen o han permanecido en nuestra normativa electoral actual hasta hace poco.

  • Las Cortes de Cádiz, elegidas de acuerdo con esta instrucción, promulgan la Constitución de 1812, que regula con minuciosidad el proceso electoral. Establece la elección de un diputado “por cada 70.000 almas” elegidos por sufragio universal masculino indirecto “por los ciudadanos”.

De nuevo esta universalidad queda condicionada, ya que el texto constitucional incluye dos exigencias que en la práctica no llegan a aplicarse por el corto periodo de vigencia de nuestro primer texto constitucional: una capacitaria para el sufragio activo (desde 1830 debían saber leer y escribir) y otra censitaria para el sufragio pasivo (un mínimo de renta anual que se aplicaría cuando las Cortes declararan que había llegado el momento).

La breve vigencia de la Constitución, solo durante las Cortes de Cádiz -cuando además el país se halla inmerso en una guerra-, el Trienio Liberal y un brevísimo tiempo en la Regencia de María Cristina de Borbón convierte este sufragio universal masculino en una excepcionalidad. En todo caso, y según las estimaciones de los historiadores, durante estos periodos, de los 10,5 millones de españoles censados, un tercio tiene derecho a voto.

 

El reinado de Isabel II: el derecho al voto condicionado por la riqueza y la formación

Apertura del Estamento de Procuradores

El largo reinado de Isabel II, que se prolonga desde 1833 hasta 1868, está marcado por la pugna entre las dos facciones del liberalismo: los moderados, que ostentan el poder la práctica totalidad del periodo, y los progresistas. Entre las líneas de desacuerdo ideológico se encuentra el derecho de sufragio, así como la forma de elección de los ayuntamientos, la libertad religiosa y la de prensa. No obstante, el disenso no es de fondo, ya que ambos ven necesario imponer límites y requisitos al derecho de sufragio, sino más bien la amplitud de dichos límites y por lo tanto la restricción del cuerpo electoral.

 

  • El Estatuto Real de 1834 reduce al mínimo el contenido electoral. Establece unas Cortes bicamerales compuestas por el Estamento de Próceres, de designación real, y el Estamento de Procuradores, posponiendo a normas inferiores la definición exacta de los requisitos para formar parte del cuerpo electoral.
  • Para fijar los requisitos de la elección de procuradores se dictan normas reglamentarias, sin rango de ley. Primero, el Decreto para la elección de procuradores de 1834, que articula un sistema de elección indirecta, con juntas de partido y juntas provinciales. Las juntas de partido incluyen a “todos los individuos de que a la sazón conste el Ayuntamiento del pueblo cabeza de partido, incluso los síndicos y diputados” más “un numero de mayores contribuyentes del pueblo cabeza de partido, igual al de los individuos del Ayuntamiento”. Aparecen así condicionantes de carácter económico y por lo tanto el sufragio censitario. Según estimaciones de la época recogidas por Varela Suanzes, el cuerpo electoral se reduce a unas 16.000 personas.
  • En 1836 se aprueba un nuevo Decreto, que no solo fija las exigencias de sufragio activo y pasivo sino también el número de diputados y la creación de un censo electoral, que se amplía hasta los 65.000 electores, lo que representa en torno al 0,5 por ciento de la población de la época, según Tomás Villaroya. Pueden votar “los españoles de veinticinco años cumplidos que sean los mayores contribuyentes de la provincia”, y un conjunto de profesiones como abogados, médicos, cirujanos, arquitectos, pintores y escultores con título académico de bellas artes, catedráticos y militares de cierta graduación, entre otras, apareciendo así requisitos de carácter capacitario.
  • La Constitución de 1837 mantiene el sistema parlamentario bicameral y por primera vez las Cámaras se designan con los nombres que ya mantendrán en nuestra Historia constitucional: Congreso de los Diputados y Senado. Los requisitos para ser elector son determinados en una ley posterior.
  • La Ley electoral de 1837 sirve de base jurídica para la celebración de siete elecciones, bajo las premisas del sufragio censitario. La discusión parlamentaria de la ley abre un nuevo debate: el de la edad mínima para votar. Pero la propuesta para rebajar la edad de los 25 a los 18 años no prospera. Sí quedan definidos, frente a la anterior norma electoral de 1836, los requisitos económicos concretos para formar parte del cuerpo electoral, como por ejemplo pagar 200 reales de vellón anuales de contribuciones directas o tener una renta anual de al menos 1.500 reales de vellón. Si bien en un principio se puede estimar que esta ley permite votar a unas 250.000 personas (algo más del 2 por ciento de la población) en 1837, el proceso desamortizador iniciado en estos años produce una ampliación paulatina del censo: casi un 4 por ciento en 1840 y en torno a un 4,5 por ciento en 1844.
  • La Ley electoral de 1846 es el referente jurídico para ocho procesos electorales entre 1846 a 1864. Dispone que “el Congreso de los Diputados se compondrá de 349 Diputados a Cortes, elegidos directamente por otros tantos distritos electorales”. Lo más significativo, desde el punto de vista del sufragio activo es la duplicación de las exigencias contributivas, pasando de los 200 a los 400 reales de vellón anuales, una medida que como consecuencia, se puede estimar, rebaja el censo electoral a menos del uno por ciento de la población.
  • La Ley electoral de 1865, que se aplica a dos elecciones, persiste en los requisitos que hacen el sufragio censitario y capacitario: se piden 20 escudos anuales por contribución territorial o por subsidio industrial, y se exime de exigir cualquier contribución para ser elector a una relación de profesiones y títulos académicos.

 

El sexenio democrático, el reconocimiento del sufragio universal masculino

caricatura etapas sexenio democrático

Durante seis años, entre 1868 y 1873, España vive un intenso periodo histórico en el que se suceden un proceso constituyente fruto de la revolución que obliga al exilio a Isabel II, la monarquía constitucional y parlamentaria de Amadeo de Saboya y la Primera República. Uno de los hitos que sobrevuela toda la etapa es la instauración del sufragio universal masculino, así como la apertura de un debate sobre la necesidad de rebajar la edad para votar. Con el reconocimiento del sufragio universal masculino España se integra, con notable retraso, en la ola democratizadora, que había comenzado con las revoluciones de 1848 y que da lugar a que países como Francia, Suiza y Dinamarca incorporen en sus constituciones el derecho de voto para todos los hombres mayores de 21 años.

 

  • La primera norma relevante de esta etapa, el Decreto de 9 de noviembre de 1868, produce una revolución en el marco del derecho electoral: si bien mantiene la edad para votar en los 25 años reconoce el sufragio universal masculino, igual, directo y secreto. Este decreto se aplica ya a las elecciones municipales de diciembre de 1868 y, en enero, a la elección de las Cortes que elaboran el texto constitucional de 1869.
  • La Constitución de 1869 incluye muy pocas previsiones en materia electoral, aunque garantiza que “ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales”. Durante el debate constituyente se propone reducir la edad electoral a los veinte años, iniciativa que no prospera.
  • La escasa normativa constitucional sobre las elecciones será completada por las leyes de agosto de 1870 y de enero de 1871, que no introducen cambios significativos en torno al derecho de sufragio activo: españoles varones y mayores de edad “con arreglo a la legislación de Castilla”, es decir, 25 años cumplidos. Se calcula que el derecho a votar se reconocía así a casi un cuarto de la población española, unos cuatro millones de votantes.
  • Sí se produce un cambio cualitativo con la Ley convocando a Cortes Constituyentes del 11 de marzo de 1873, una vez proclamada la Primera República, que rebaja por primera vez en la Historia de nuestro país la edad para votar a los 21 años. Con ello se amplía el censo en unos quinientos mil votantes, un 27 por ciento de la población de la época.

 

La Restauración canovista, regreso al sufragio censitario y de nuevo al universal

Jura Maria Cristina de Habsburgo como regente

A finales de 1875, Alfonso XII es proclamado Rey de España, restaurándose la monarquía y poniendo fin a los convulsos años previos. Una de las primeras medidas que toma Antonio Cánovas del Castillo, artífice del proceso restaurador, es la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, que son elegidas de acuerdo con la normativa electoral del Sexenio y por lo tanto por sufragio universal masculino. Luego, en aplicación del pensamiento canovista se reinstaura el sufragio censitario, hasta 1890 cuando, bajo un gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, se aprueba de nuevo el sufragio universal masculino.

 

  • La Constitución de 1876 nada nombra sobre el carácter universal del sufragio y remite a lo que se determine por ley.
  • La Ley de 20 de julio de 1877 restablece “con carácter provisional” la Ley electoral de 1865 para las elecciones a diputados a Cortes. Fue este un primer paso para retornar al sufragio censitario, que se mantuvo con la siguiente ley.
  • La Ley de 28 de diciembre de 1878 incluirá en el censo electoral como elector a “todo español de edad de 25 años cumplidos, que sea contribuyente por la cuota mínima para el Tesoro de 25 pesetas anuales por contribución territorial de 50 o por subsidio industrial. Las condiciones limitan el derecho de sufragio en torno a un cinco por ciento de la población española.
  • El sufragio universal masculino quedará plenamente instaurado con la Ley de 26 de junio de 1890. El reconocimiento del derecho de voto a todos los españoles varones mayores de 25 años supone un salto de los 800.000 electores hasta los casi cinco millones, según las estimaciones. Historiadores como Pérez Ledesma vinculan esta decisión en el marco de la extensión del sufragio universal masculino en el ámbito internacional y con un “cálculo político” tanto del Partido Liberal de Sagasta, para evitar la escisión de sectores progresistas, como del Partido Conservador, que “asumió la tranquilidad de que podía ser manipulado desde el Ministerio de la Gobernación” a través de prácticas caciquiles.
  • La Ley de 8 de agosto de 1907, que está en vigor hasta 1923 y bajo cuyo paraguas se celebran siete elecciones de diputados a Cortes, no altera las condiciones para ser elector.

 

La II República: un nuevo concepto de sufragio universal, las mujeres pueden votar

Pleno del Congreso de los Diputados durante la II República

La Historia electoral española avanza hacia la plena democratización del sufragio con la decisión que permite a las mujeres ser elegidas diputadas en las elecciones de las Cortes Constituyentes y da un paso definitivo con el reconocimiento del derecho de voto de las mujeres en la Constitución de 1931, que se ejerce por primera vez dos años más tarde en 1933.

 

  • El Decreto de 8 de mayo de 1931 servirá como “eficaz ariete normativo revolucionario contra las distorsiones a la democracia” consagradas en la normativa electoral de la Restauración, decía la prensa de la época. El decreto, que modifica la Ley de 1907, reduce la edad electoral activa y pasiva a los 23 años y permite la elección de mujeres y del clero. La propia Clara Campoamor, una de las primeras diputadas elegidas a Cortes, junto con Victoria Kent, se refería a esta norma como el “decreto de las faldas”.
  • La ley de 27 de julio de 1933 introduce varias modificaciones en el decreto de 8 de mayo de 1931, sin alterar las condiciones de acceso al sufragio activo.

La transición a la democracia y la Constitución de 1978

Con la guerra civil arranca un largo paréntesis de casi cuarenta años en el que los españoles no pueden participar en unas elecciones democráticas. En diciembre de 1976, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política se fija el rumbo en el camino hacia la democracia. “Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad”.

En consecuencia, se celebran elecciones generales el 15 de junio de 1977, cuyo marco jurídico es el Decreto-Ley 20/1977, sobre Normas Electorales, que reconoce el derecho de sufragio activo a “todos los españoles mayores de edad incluidos en el Censo y que se hallen en pleno uso de sus derechos civiles y políticos”. No se produce debate sobre el reconocimiento del derecho al voto a hombres y mujeres en igualdad, y la edad para votar queda fijada, según lo establecido en el Código Civil, en los 23 años.

Durante el proceso de elaboración de la Constitución de 1978 sí hay disparidad de opiniones sobre la mayoría de edad. De hecho, su artículo 12 fijará la mayoría de edad en los 18 años, un reconocimiento expreso de un derecho aceptado previamente, ya que para el referéndum de ratificación de la Constitución el 6 de diciembre se permite votar a los mayores de 18 años.

Y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, en 1985 el Congreso de los Diputados y el Senado dan el último paso en este largo camino en la articulación normativa del derecho de sufragio. Aprueban la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, norma vigente que supone un pilar central de nuestro derecho electoral y que, como no puede ser de otra forma, ratifica el derecho de voto para todos los españoles mayores de edad.