¿Qué órganos del Estado designa el Congreso?

¿Qué órganos del Estado designa el Congreso?

Magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros de Cuentas, el Defensor del Pueblo o los miembros del CGPJ son algunos de los cargos institucionales designados por el Congreso y el Senado. Aquí podrás conocer en qué consiste esta función de las Cámaras y cómo se aplican los procedimientos parlamentarios concretos.

Artículo 66.2 de la Constitución: Las Cortes generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución

La redacción del artículo 66.2 de la Constitución perfila las esenciales funciones encomendadas a las Cortes Generales –Congreso de los Diputados y Senado-, que como representantes del pueblo y eje central del sistema democrático deben desempeñar.

Se definen en primer lugar las tres clásicas funciones de los sistemas parlamentarios: aprobar las leyes (función legislativa), dar luz verde a las cuentas del Estado (presupuestaria) y controlar la acción del Ejecutivo (control) son competencias nucleares de la actividad parlamentaria. Y junto a ellas, el texto de 1978 enuncia que las Cámaras «tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”.

Bajo esta fórmula de cierre se engloban múltiples funciones y potestades de las Cámaras, entre las que se pueden destacar su participación en los procesos de reforma constitucional, las competencias relacionadas con la Corona, la participación en los procesos de ratificación de tratados internacionales o las funciones de información o de orientación política, entre otras. Y entre todas, una adquiere singular relevancia: la participación en el nombramiento o designación de miembros de altas instituciones del Estado o de organismos públicos de la Administración.

Al participar en estos procesos de designación, el Congreso y el Senado impregnan de su legitimidad a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional

Y adquiere singular relevancia porque las Cortes Generales están investidas de una especial legitimidad democrática, al ser elegidas directamente por los ciudadanos. Y al participar en estos procesos de designación, el Congreso y el Senado impregnan de dicha legitimidad los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como a todos aquellos cargos de la administración que deben contar de un modo u otro con el visto bueno del Parlamento.

A grandes rasgos, el Congreso, el Senado o ambas Cámaras participan en los procesos de nombramiento de los principales órganos del Estado: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y dos órganos estrechamente ligados a la vida parlamentaria, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, ambos dependientes de las Cortes Generales.

También designa a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y a los del Observatorio de la Vida Militar y participa en el nombramiento de otros muchos cargos, como el presidente de la Agencia Efe, o los consejos de los organismos independiente de supervisión como las Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Es importante conocer el entramado de normas aplicables a cada nombramiento porque pueden imponer requisitos específicos a las candidaturas y pueden exigir mayorías cualificadas

Para cumplir con esta función se ha de aplicar el régimen jurídico concreto para cada caso, que viene definido, por ejemplo, en los artículos 54, 122.3, 136, y 159.1 de la Constitución, en las leyes concretas que regulan las instituciones, en el Reglamento del Congreso y en Reglamento del Senado, así como en Resoluciones de la Presidencia del Congreso o de las Mesas de ambas Cámaras. Y es de vital importancia conocer todo el entramado de normas porque imponen, en su caso, requisitos específicos a las candidaturas y pueden exigir mayorías cualificadas para su designación.

 

Designación o evaluación de las candidaturas

Las Cortes Generales participan en estos procedimientos de diferente forma, en unos casos es la encargada de designar a una parte o a la totalidad del órgano eligiendo a sus miembros (como es el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo), en otros casos, una o las dos Cámaras deben pronunciarse sobre la idoneidad y la ausencia de conflicto de intereses de determinados candidatos cuya designación corresponde a otros órganos (casos de los responsables de la administración independiente como la AIRef o la CNMC); y en último lugar, determinadas disposiciones normativas exigen para ciertos nombramientos la comparecencia previa ante el Parlamento (como es el caso del Fiscal General del Estado), sin que se requiera acuerdo o pronunciamiento posterior de la Cámara.

A continuación se exponen a grandes rasgos los procesos de designación de los siguientes organismos, el modo en el que el Congreso de los Diputados participa en ellos y la normativa aplicable en cada caso.

 

Presidencia del Gobierno

No se trata de un proceso de designación en sentido estricto sino del elemento básico del sistema parlamentario configurado por nuestra Constitución, por el que la cabeza del Poder Ejecutivo debe contar con la confianza del Congreso. Y así queda establecido en el procedimiento descrito en su artículo 99: el candidato propuesto por el Rey, tras la ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con presencia en el Congreso, se somete a la sesión de investidura en la Cámara Baja, quedando otorgada la confianza por mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas más tarde.

 

Tribunal Constitucional

El supremo intérprete de la Constitución está formado por doce magistrados, cuatro designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Son nombrados por un periodo de nueve años y cada tres, se renueva un tercio. Los candidatos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia. Los candidatos a designar por el Congreso comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara y, declarada su idoneidad, las candidaturas serán elevadas al Pleno, donde resultarán elegidos aquellos cuatro que alcancen mayor votación, siempre que hayan superado la mayoría cualificada de tres quintos exigida por la Constitución.

 

Consejo General del Poder Judicial

Este órgano constitucional, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial para garantizar su independencia, se compone de veinte vocales y su presidente, que es también presidente del Tribunal Supremo. Su mandato es de cinco años y la renovación del órgano, completa. Los vocales son designados por el Congreso y el Senado. Doce (seis por cada Cámara) entre jueces y magistrados y ocho (cuatro cada cámara) entre juristas de reconocida competencia. Los candidatos deben obtener el respaldo de al menos tres quintos del Pleno de la Cámara Baja para resultar elegidos.

 

Defensor del Pueblo

El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución es designado por el Congreso y el Senado por un periodo de cinco años. El candidato – o los candidatos si hubiera más de uno –  comparece ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo, si así lo decide. La Comisión, que toma sus acuerdos por mayoría simple, propondrá a los Plenos el o los candidatos que considere idóneos para el cargo. Primero se pronuncia el Pleno del Congreso, donde se exige una mayoría de tres quintos, que luego debe ser ratificada por igual mayoría por el Pleno de la Cámara Alta. Solo en el caso de que no se alcancen dichas mayorías, se debatirán nuevas propuestas, y será designado Defensor del Pueblo aquel que obtenga tres quintos de los votos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

 

Tribunal de Cuentas

El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado está formado por doce consejeros. Cada nueve años se produce la renovación completa del Tribunal. Cada Cámara, Congreso y Senado, designan a seis consejeros, entre censores, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos de reconocida competencia y más de quince años de experiencia. En la Cámara Baja, los candidatos comparecen, si así se acuerda, ante la Comisión de Nombramientos, y, declarada la idoneidad, la propuesta se eleva al Pleno del Congreso, donde se exige una mayoría de tres quintos para su designación.

 

Estos son solo algunos de los órganos estatales cuya designación corresponde directamente, en parte o en su totalidad, al Congreso y el Senado. A continuación se enumera el resto de organismos y autoridades en cuyo nombramiento participa la Cámara Baja. Puedes acceder al procedimiento parlamentario pulsando sobre cada uno.

EN BLANCO

Consejo de Estado

Es el supremo órgano consulto del Gobierno. El presidente del Consejo de Estado es nombrado por acuerdo del Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Antes de su nombramiento, y según establece la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE se comunicará al Congreso. El candidato comparecerá ante la Comisión Constitucional, y sus miembros podrán formular al candidato las preguntas o aclaraciones que consideren oportunas. A continuación la comisión deberá dictaminar si lo consideran idóneo para el cargo o si aprecia que existe un conflicto de intereses.

Fiscal General del Estado

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general del Estado es propuesto por el Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial, entre juristas españoles de reconocido prestigio y más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Una vez que el Ejecutivo recibe el informe del CGPJ, comunica la propuesta al Congreso. El candidato comparece ante la Comisión de Justicia, a los efectos de que pueda valorar sus méritos e idoneidad.

Observatorio de la Vida Militar

Se trata de un órgano asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, cuyo objetivo es el análisis permanente de la condición de militar y de cómo el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se compone de nueve miembros -cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado- por un periodo de cinco años. En la Cámara Baja, los candidatos comparecen ante la Comisión de Nombramientos, que eleva su propuesta al Pleno; y para ser elegidos deberán contar con el apoyo de al menos tres grupos parlamentarios y la mayoría absoluta del Congreso.

Corporación RTVE

El Consejo de Administración, al que le corresponde la administración y el gobierno de la Corporación de Radio Televisión Española, está compuesto por diez miembros, seis designados por el Congreso y cuatro por el Senado. En la Cámara Baja, los candidatos comparecen ante la Comisión de Nombramientos, previamente a la deliberación del Pleno. Resultan elegidos aquellos seis candidatos que obtengan una mayoría de dos tercios del Congreso. Elegidos los diez consejeros, la Cámara Baja designará de entre ellos al presidente del Consejo, también por mayoría de dos tercios.

Agencia EFE

El nombramiento de la Presidencia de la Agencia de Noticias EFE corresponde al Consejo de Ministros. Antes de su nombramiento, y de acuerdo con la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, se comunicará al Congreso el nombre de la persona propuesta para que comparezca ante la Comisión Constitucional, que examinará la candidatura. Los diputados podrán formular las preguntas y solicitar las aclaraciones que crean convenientes. A continuación la comisión se pronunciará sobre si aprecia la idoneidad de la candidatura o la existencia de conflicto de intereses.

Agencia Española de Protección de Datos

Se trata de la autoridad administrativa independiente que vela por la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. Tanto el presidente de la AEPD como su adjunto son nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia en materia de protección de datos por un periodo de cinco años. Antes del nombramiento, la propuesta es remitida al Congreso para que evalúe el mérito, capacidad, competencia e idoneidad del candidato. Tras su comparecencia, la Comisión de Justicia podrá ratificar la propuesta por mayoría de tres quintos. Si no se alcanza, se procede a una segunda votación en la que se requieren los votos favorables de la mayoría absoluta, que procedan al menos de dos grupos parlamentarios. La Presidencia está asesorada por un Consejo Consultivo compuesto, entre otros, por un diputado y un senador propuestos por cada Cámara respectivamente.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Este organismo público vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, y por la salvaguardia del ejercicio  del derecho de acceso a la información pública. El presidente es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Previamente debe comparecer ante la comisión competente de la Cámara Baja. La comisión se pronunciará sobre el candidato, que quedará refrendado por mayoría absoluta de la comisión. El Consejo también se compone de una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, del que forman parte, entre otros, un diputado y un senador, designados por las Cámaras.

Consejo de Seguridad Nuclear

Este organismo independiente competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica está constituido por un presidente y cuatro consejeros designados por un periodo de seis años. Son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa comparecencia ante la comisión competente del Congreso. La Cámara, a través de la comisión, manifestará su aceptación o veto razonado por mayoría de tres quintos en un plazo de un mes. Si transcurre dicho plazo sin que el Congreso se haya manifestado expresamente, se entienden aceptados los nombramientos.

Presidente de la AIRef

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene como finalidad garantizar que las Administraciones Públicas cumplen con la estabilidad presupuestaria mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario. Su presidente es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por un periodo de seis años y entre personas de reconocido prestigio y experiencia de al menos diez años en análisis presupuestario, económico y financiero del sector público. La persona propuesta debe comparecer previamente ante la comisión competente del Congreso, que examinará la experiencia, formación y capacidad. La propuesta se entenderá aceptada por la comisión si así lo acuerda por mayoría absoluta. Si en el plazo de quince días desde la comparecencia, no se hubiera aceptado, es suficiente la mayoría simple de la comisión competente del Senado para que se manifieste la aceptación por el Parlamento.

Consejo de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce sus funciones a través de un consejo formado por diez miembros, encabezados por su presidente y un vicepresidente, todos nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad por un periodo de seis años. Todas las personas propuestas deben comparecer ante la comisión competente del Congreso. La comisión puede vetar el nombramiento por mayoría absoluta en un plazo de un mes natural desde que la Cámara reciba la correspondiente comunicación del nombramiento. Si no hay manifestación expresa del Congreso, se entienden aceptados.

Consejo de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores está regida por un Consejo compuesto por un presidente y un vicepresidente, nombrados por el Gobierno, dos consejeros natos y tres consejeros propuestos. De acuerdo con la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, antes del nombramiento del presidente, el vicepresidente y los vocales, el Gobierno comunicará al Congreso el nombre de los candidatos para que comparezcan ante la comisión competente, que examinará la candidatura. Los diputados podrán formular las preguntas y solicitar las aclaraciones que crean convenientes. A continuación la comisión se pronunciará sobre si aprecian la idoneidad de la candidatura o la existencia de conflicto de intereses.

Gobernador del Banco de España

El gobernador del Banco de España es propuesto por el presidente del Gobierno y su mandato se prolonga durante seis años. Antes del nombramiento, el ministro de Economía informará del candidato propuesto ante la comisión competente del Congreso. Esta comparecencia es preceptiva por mandato legal.

Presidente del CES

El presidente del Consejo Económico y Social es nombrado por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Hacienda, previa consulta a los grupos de representación que integran el CES. De acuerdo con la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, antes de su nombramiento el Ejecutivo comunicará al Congreso el nombre del candidato para que comparezca ante la comisión competente y esta pueda examinar la candidatura. Los diputados podrán formular las preguntas y solicitar las aclaraciones que crean convenientes. A continuación la comisión se pronunciará sobre si aprecian su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses.

Presidente del FROB

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, oídas las autoridades de supervisión. Previamente, la persona propuesta debe comparecer ante la Comisión competente del Congreso, para que pueda dar cuenta de las condiciones de experiencia, formación y capacidad que la hacen adecuada para el cargo.

Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se compone de un presidente, un mínimo de cuatro y un máximo de nueve vocales, designados por el Ministerio de Fomento entre personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de la aviación civil. Antes de su designación, se informará a la comisión competente del Congreso. Desde la recepción de la comunicación, la comisión parlamentaria tiene un mes para manifestar si acepta la propuesta o su veto razonado. Y durante dicho plazo, podrá acordar que el candidato propuesto a presidente comparezca para informar sobre las líneas básicas de actuación que se desarrollarán durante su mandato, que es de seis años. Si transcurre el plazo sin manifestación expresa por parte del Congreso, se entiende aceptada la propuesta.

Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está formada por un presidente y cinco vocales, nombrados pro el Ministerio de Fomento, entre personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el sector ferroviario. Antes de su  designación, se dará traslado de las propuestas a la comisión competente del Congreso, que en el plazo de un mes natural deberá manifestar su aceptación o su veto razonado. Durante este plazo, la comisión parlamentaria puede acordar que el candidato a presidente comparezca para exponer las líneas básicas de actuación que desarrollará durante su mandado, que es de seis años. Si transcurre el plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entiende aceptada la propuesta.

Director de la Oficina de Conflicto de Intereses

La Oficina de Conflictos de Intereses es un órgano de vigilancia y control de los altos cargos de la administración del Estado, creada por la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. De acuerdo con la normativa aplicable, su director es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Previamente, la persona propuesta deberá comparecer ante la comisión competente del Congreso, que examinará si su experiencia, formación y capacidad son adecuadas para el cargo.

Designación de embajadores

Como dispone la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, toda designación de embajadores será comunicada por el Ministerio a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. La comisión podrá solicitar que la persona propuesta comparezca para informar sobre los objetivos de su Misión. La Comisión Mixta para la Unión Europea podrá solicitar la comparecencia del embajador representante permanente ante la UE.

Del Proyecto de Ley de Presupuestos al BOE, la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas

Del Proyecto de Ley de Presupuestos al BOE, la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas

Art. 66.1 de la Constitución: Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

Para cumplir con el programa de Gobierno y desarrollar las políticas públicas, el Ejecutivo cuenta con múltiple herramientas jurídicas, y de entre ellas, los presupuestos adquieren una centralidad incuestionable, ya que más que ser un mero instrumento técnico y contable son la política del Estado en cifras; y por ello, en su proceso de aprobación, el Parlamento, eje del sistema democrático, cumple esenciales funciones.

Todas las democracias modernas han articulado un procedimiento para ejercer la función presupuestaria, en la que deben colaborar Gobierno y Parlamento; y en España este marco jurídico presupuestario queda estructurado en la Constitución de 1978 , las leyes y los Reglamentos del Congreso y del Senado.

El texto constitucional, en su artículo 66 encomienda la aprobación de las presupuestos del Estado a las Cortes Generales, colocando esta esencial función parlamentaria al mismo nivel que la legislativa y la de control al Gobierno. A continuación, el artículo 134.1 atribuye las competencias concretas a los poderes del Estado: si bien el Gobierno elabora los presupuestos anuales, las Cortes Generales –Congreso de los Diputados y Senado– los examinan, enmiendan y aprueban.

Art. 134.1 de la Constitución: Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

De acuerdo con estas previsiones, el poder ejecutivo tiene la competencia exclusiva a la hora de elaborar los presupuestos, ningún otro actor puede ejercer la iniciativa; y corresponde al poder legislativo la aprobación de la Ley de Presupuestos. Y para ello, se aplica el procedimiento legislativo ordinario con ciertas notas propias: límites a la presentación de enmiendas, ronda de comparecencias de altos cargos de la administración del Estado, debate y aprobación por secciones y exigencia de que sean aprobados por el Pleno y no en comisión son algunas de las especialidades que se aplican a la tramitación parlamentaria de los presupuestos.

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos generales goza de prioridad frente al resto de iniciativas legislativas que se estén viendo en la Cámara.

El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado es entregado por el titular del Ministerio de Hacienda a la Presidencia del Congreso, y una vez son calificados por la Mesa de la Cámara Baja comienza su tramitación parlamentaria, siguiendo los mismos pasos que cualquier otro proyecto de ley, con las siguientes especificidades, que analizaremos según el momento cronológico en el que se aplican:

 

¿La tramitación del proyecto de ley de presupuestos tiene preferencia?

Sí, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Dice la Constitución que el Proyecto de Ley debe remitirse al Congreso antes del 1 de octubre. El motivo de esta previsión es asegurar que da tiempo a que se tramiten antes de final de año y que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Para facilitarlo, los Reglamentos parlamentarios prevén que la tramitación de las cuentas del Estado tenga preferencia sobre cualquier otra iniciativa, lo que convierte el debate presupuestario en el centro de la actividad del otoño parlamentario.

 

¿Se someten a debate de toma en consideración?

No. Como cualquier proyecto de Ley, denominación que reciben las iniciativas legislativas del Gobierno, no se somete a este primer debate de toma en consideración por parte del Pleno del Congreso, un trámite que sí se exige a las proposiciones de ley. Por ello, una vez calificado, el proyecto de ley se remite a la Comisión de Presupuestos y se abre el plazo de presentación de enmiendas.

 

¿Qué enmiendas pueden presentar los diputados y los grupos parlamentarios?

Las enmiendas a los presupuestos tienen ciertas particularidades.

      • Las enmiendas a la totalidad. Los Grupos Parlamentarios solo pueden presentar enmiendas a la totalidad de devolución, y no de texto alternativo. Como la iniciativa en la Ley de Presupuestos es exclusiva del Gobierno, los grupos no pueden presentar unas cuentas alternativas, solo pedir que el proyecto del Ejecutivo no se tramite.
      • Las enmiendas al articulado y a las secciones, pueden ser presentadas por los grupos parlamentarios y por los diputados. Estas propuestas de modificación, adición o supresión deben cumplir con los siguientes requisitos:
          • Las enmiendas que aumenten gasto en una sección deben proponer una reducción por la misma cuantía en la misma sección. De este modo el presupuesto global dedicado a cada sección, por ejemplo un Ministerio, se mantiene igual.
          • Asimismo, las enmiendas que reduzcan los ingresos previstos requerirán, para ser tramitadas, la conformidad del Gobierno.

 

¿Cómo se informan los diputados sobre los pormenores de las cuentas del Estado?

A través de las comparecencias de altos cargos de la Administración del Estado. Durante el plazo de presentación de enmiendas los grupos parlamentarios pueden solicitar que comparezcan en comisión autoridades de la administración con rango inferior al de ministro, como son secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales; así como responsables del sector público estatal, como RTVE, la AIRef o la SEPI, que explicarán en detalle sus partidas presupuestarias y responderán a las cuestiones planteadas por los diputados.

El gobernador del Banco de España también comparece para informar sobre la coyuntura económica. Como el número de comparecencias solicitadas suele ser elevado, se celebran tanto en la Comisión de Presupuestos como en las comisiones competentes según la materia. Así por ejemplo el director general de la Policía informará ante la Comisión de Interior.

 

¿Cómo se desarrolla el Debate de Totalidad?

Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas y celebradas las comparecencias, los PGE se someten a su primer debate parlamentario: el Debate de Totalidad ante el Pleno del Congreso. En esta sesión, el titular de la cartera de Hacienda defiende los presupuestos y, en su caso, se debaten y votan las enmiendas a la totalidad de devolución que hayan presentado los grupos parlamentarios, contando cada uno con un turno para su defensa. Concluido el debate, se votan las enmiendas:

      • Las enmiendas, que piden la devolución de las cuentas al Gobierno, se votan con carácter general conjuntamente. Si se aprueba, por mayoría simple, los presupuestos se devuelven al Gobierno y concluye aquí la tramitación.
      • Si las enmiendas de devolución quedan rechazadas, entonces, el proyecto de ley de presupuestos continúa su tramitación parlamentaria.

 

¿Cómo se ejecuta el examen, enmienda y aprobación de los PGE por el Congreso?

El proyecto de ley de presupuestos se somete a su tramitación en ponencia, comisión y Pleno:

      • La ponencia elabora un informe sobre el proyecto de ley y las enmiendas al articulado y a las secciones que hayan sido presentadas. El informe de la ponencia incluirá aquellas modificaciones que hayan sido acordadas por sus miembros, que toman sus decisiones por voto ponderado.
      • La Comisión de Presupuestos debate el informe de la ponencia y las enmiendas que, no incorporadas en el paso anterior, se mantienen vivas. Asimismo se pueden debatir enmiendas transaccionales si cumplen con los requisitos reglamentarios. El debate en comisión se prolonga durante varios días por la complejidad técnica del proyecto de ley y el número de enmiendas presentadas.La Comisión emite un dictamen, que incluirá el informe de la ponencia y en su caso las enmiendas que haya decidido incorporar durante esta fase de la tramitación. El dictamen es elevado al Pleno, ya que, como establece la Constitución, la comisión no puede aprobar los presupuestos con competencia legislativa plena.
      • El Pleno del Congreso celebra el debate de los presupuestos, habitualmente, la semana siguiente a aquella en que la Comisión haya dictaminado. Este debate se suele prolongar toda la semana:
          • Cada ministro defiende su sección y debate con los grupos parlamentarios sobre sus enmiendas al articulado y a las secciones.
          • La votación del contenido del dictamen y de las enmiendas se realiza por artículos y secciones, sin que se requiera una votación final de conjunto sobre todo el texto. No obstante, la no aprobación de una sección completa supone que los PGE en su conjunto queden rechazados.
          • El texto aprobado por el Congreso, para lo que se requiere mayoría simple, recoge el dictamen más las enmiendas que el órgano plenario haya decidido aprobar.

 

¿Cómo se desarrolla la tramitación parlamentaria de los presupuestos en el Senado?

El procedimiento de tramitación de los PGE en la Cámara Alta es prácticamente similar a la que ha transcurrido en el Congreso. Tras su tramitación pueden darse tres supuestos:

      • Aprueba el mismo texto que el Congreso sin modificarlo. En este caso, los PGE están listos para su publicación y entrada en vigor.
      • Enmienda los presupuestos. Los PGE regresan al Congreso, que vota dichas enmiendas. Las que ratifique, por mayoría simple, permanecen en los PGE. Las que rechace quedan eliminadas, y el texto vuelve a la redacción anterior a su modificación por el Senado.
      • Veta los presupuestos. Los PGE regresan al Congreso. Como una de las principales particularidades de la tramitación en el Senado, se pueden presentar propuestas de veto tanto a las secciones como al texto en su conjunto. Si se presentan, se debaten ante el Pleno del Senado y si alguna queda aprobada, por mayoría absoluta, entonces finaliza la tramitación en el Senado y los PGE se devuelven al Congreso tal y como partieron de la Cámara Baja. El Congreso puede ratificar el texto y levantar el veto del Senado por mayoría absoluta, en primera votación, o por mayoría simple dos meses más tarde.

 

¿Cuándo entran en vigor?

Cuando concluye la tramitación parlamentaria en ambas Cámaras, el proyecto de ley de presupuestos se publica en el Boletín Oficial del Estado y ya está listo para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.

 

¿Y qué ocurre si no se aprueban?

Pues si las cuentas del Estado no están aprobadas antes del 1 de enero, los presupuestos anteriores, los vigentes, quedan prorrogados de forma automática hasta que entren en vigor unos nuevos. Es decir, se podría finalizar la tramitación e incluso tramitar completamente unos presupuestos durante el año en curso al que corresponden, circunstancia que ya se ha dado.

 

Infografía:

tramitacion parlamentaria presupuestos generales del Estado
El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, ejecución y control de las cuentas del Estado

El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, ejecución y control de las cuentas del Estado

Los presupuestos son más que un instrumento contable, son la política del Estado en cifras. Y las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, como pieza clave del sistema democrático juegan un papel central en todo el proceso de aprobación y control de las cuentas públicas.

El origen del parlamentarismo se sustenta en una relación económica entre el Rey y su pueblo que cristalizaba en la reunión de las Cortes, Parlamento o Dieta medieval, y que se resume perfectamente en el aforismo británico No taxation without representation. Si el monarca necesitaba aprobar nuevos impuestos para financiar sus proyectos, los representantes de los estamentos y las ciudades se reunían en Cortes, donde exponían sus demandas al monarca, en contraprestación a los nuevos tributos.

Esta relación económica se traslada al parlamentarismo moderno adaptada a los principios de separación de poderes y al imperio de la ley. Por el primero, se define el papel de los poderes ejecutivo y legislativo en el ciclo presupuestario, y ligado al segundo, se desligan la función tributaria y la función presupuestaria.

Así, para dotar de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, los impuestos para recaudar ingresos para Estado quedan definidos en leyes tributarias permanentes. Y la función presupuestaria, es decir la autorización previa por parte del poder legislativo de los gastos que prevé el poder ejecutivo, debía hacerse de forma periódica. Nace así la función presupuestaria del Parlamento.

Más allá de un instrumento técnico y contable, los presupuestos son la política del Estado en cifras

Todas las democracias modernas, ya sean parlamentarias o presidencialistas, han estructurado un procedimiento para ejercer esta función. Así ocurre en Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, y también en España. Y no es un tema baladí ya que los presupuestos no son solo un instrumento jurídico-contable que expresa los ingresos y gastos previstos para un año. Esta definición práctica no responde en su plenitud a la realidad de su significado: los presupuestos son la política del Estado en cifras.

La Constitución de 1978 define el marco jurídico presupuestario. En su artículo 66 encomienda la aprobación de las presupuestos del Estado a las Cortes Generales, colocando esta esencial función parlamentaria al mismo nivel que la legislativa y la de control al Gobierno. A continuación, el artículo 134.1 atribuye las competencias concretas a los poderes del Estado: si bien el Gobierno elabora los presupuestos anuales, las Cortes Generales -Congreso de los Diputados y Senado- los examinan, enmiendan y aprueban.

 

El ciclo presupuestario

Artículo 134.1 de la Constitución: “Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”.

Este precepto fija las líneas maestras para dar luz verde a las cuentas del Estado, y otorga competencias concretas al Ejecutivo y al Parlamento en su redacción y aprobación, las dos primeras fases del ciclo presupuestario, un ciclo que sin embargo no se circunscribe solo a ellas y trasciende también a la ejecución efectiva de las partidas presupuestarias por parte de los órganos gestores de la administración pública, y en último lugar al control y la fiscalización de las cuentas.

Pasemos por tanto a analizar los pormenores del ciclo presupuestario y sus cuatro grandes fases: la elaboración, aprobación, ejecución y control de los PGE. En cada una, las Cortes Generales ejercen concretas funciones esenciales.

 

La elaboración de los presupuestos

Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigen cumplir con unos límites de déficit estructural y de deuda pública que permitan mantener los compromisos europeos derivados de la pertenencia al Euro.

El proceso de redacción de las cuentas públicas es una función exclusiva del Gobierno. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado sólo puede ser elaborado por el Ejecutivo, y no cabe por tanto iniciativa distinta. Pero no lo hace sobre una hoja en blanco. Debe responder a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública autorizados por las Cámaras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Así, antes de la elaboración de los PGE, un Acuerdo del Consejo de Ministros fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, y para los que se tendrán en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones europeas. Dicho acuerdo también incluirá el límite de gasto no financiero, el conocido como “techo de gasto”, un volumen de gasto no financiero que debe ser coherente con dichos objetivos y que actúa como límite máximo para la elaboración de las cuentas.

El acuerdo se remite a las Cortes Generales. Primero el Congreso y luego el Senado lo someterán a debate en Pleno, que aprobará o rechazará los objetivos propuestos por el Gobierno. Si una de las Cámaras los rechaza, el Gobierno, puede remitir uno nuevo en un mes. Si son aprobados, entonces el Gobierno ya puede elaborar sus presupuestos, cuyas cifras de gasto deberán acomodarse a dichos objetivos.

Asimismo, la propia Constitución prevé que los límites de déficit estructural y de deuda pública puedan superarse en una serie tasada de circunstancias: catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria, que escapen al control del Estado y perjudiquen la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Es el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, quien debe apreciar la existencia de estas situaciones, una circunstancia que se dio por primera vez en 2020, en respuesta a las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, y que ha vuelto a aplicarse este año, quedando los objetivos aparcados en este ejercicio presupuestario.

El Ministerio de Hacienda elabora el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley que es remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Una vez superada esta fase previa, comienza la redacción de los Presupuestos Generales del Estado. Así, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elabora cada año el anteproyecto de Ley de Presupuestos, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Para ello recoge las previsiones de gasto de los centros gestores (Ministerios y Sector Público Estatal) y elabora su anteproyecto, que es elevado al Consejo de Ministros que aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente.

 

La aprobación de los presupuestos

Dice la Constitución que el Proyecto de Ley debe remitirse al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. El motivo de dicha previsión es asegurar que da tiempo a que se tramiten antes de final de año y que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Para facilitarlo, los reglamentos parlamentarios prevén que la tramitación de las cuentas del Estado tenga preferencia sobre cualquier otra iniciativa, lo que convierte el debate presupuestario en el centro de la actividad del otoño parlamentario.

La presentación de los presupuestos corre a cargo del titular del Ministerio de Hacienda, en un acto en el que hace entrega del proyecto de ley al presidente del Congreso. Algo curioso, un recorrido por las imágenes de estos actos durante las últimas cuatro décadas son un claro reflejo de la evolución tecnológica que se ha vivido, pasando de la presentación en voluminosos tomos en papel -que eran transportados en furgonetas- al CD-ROM, el pendrive, y ya en los últimos tiempos a través de un código QR.

Como ya se ha señalado, el Gobierno elabora los PGE y son las Cortes Generales quienes los examinan, enmienda y aprueban. Es decir, corresponde al poder legislativo la aprobación de la Ley de Presupuestos, y para ello, se sigue un procedimiento legislativo, similar al ordinario, pero con notas propias: límites a la presentación de enmiendas, ronda de comparecencias de altos cargos de la administración del Estado, debate y aprobación por secciones y exigencia de que sean aprobados por el Pleno y no en comisión son algunas de las especialidades del procedimiento legislativo que se aplican a la tramitación parlamentaria de los presupuestos.

El derecho parlamentario tiene los instrumentos necesarios para garantizar que la tramitación de los presupuestos de las Cámaras se haga en tiempo y forma y que estén listos para su entrada en vigor el 1 de enero. Pero si cuando llega la fecha, los presupuestos no han concluido su tramitación o las cámaras se hubieran opuesto a su aprobación, los presupuestos anteriores, los vigentes, quedan prorrogados de forma automática hasta que entren en vigor unos nuevos. Es decir, se podría finalizar e incluso tramitar unos presupuestos durante el año en curso al que corresponden, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

 

La ejecución de los Presupuestos

La Ley de Presupuestos recoge los ingresos y gastos del Estado para un año, siendo la eficacia jurídica de ambos extremos diferente. Para los ingresos se trata de una mera previsión, la Ley no puede obligar al Estado a conseguir un determinado volumen de ingresos, sino que estos dependerán de las leyes tributarias y de la coyuntura económica. Para los gastos, sin embargo, tienen plena eficacia jurídica, ya que autorizan a cada centro gestor a llevar a cabo el gasto y fijan dos límites, uno cuantitativo: el importe máximo autorizado, y otro cualitativo: el destino del gasto, ya que solo se puede dedicar la partida presupuestaria a aquel objeto para el que se ha autorizado y no a otro distinto.

Además, durante el proceso de vigencia de los Presupuestos y para garantizar que el Ejecutivo tiene control sobre las cuentas del Estado, la propia Constitución recoge dos principios que aseguran, por una parte, la posibilidad de cambios en las partidas presupuestarias, si fueran necesarias; y por otra parte el posible rechazo a modificaciones procedentes de actores ajenos al Gobierno y en especial del poder legislativo. Así, se garantiza su modificabilidad y al mismo tiempo su intangibilidad.

Modificabilidad

Dice el artículo 134.5 que “Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”.

Es por tanto el Gobierno quien puede ejercer la iniciativa legislativa para modificar los Presupuestos en vigor. Interesa, por su valor jurídico, cuando la propuesta incrementa los gastos, mediante los mecanismos recogidos en la Ley General Presupuestaria, que incluyen por ejemplo la aprobación de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito, que deberán tramitarse como Proyecto de Ley, y por lo tanto deberán ser autorizados por las Cortes Generales.

Intangibilidad

Dice el artículo 134.6 que “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

No nos estamos refiriendo aquí a las enmiendas que pueden presentarse durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos, sino a proposiciones de ley y enmiendas a otras iniciativas legislativas posteriores a la aprobación de los presupuestos. Si tienen implicación presupuestaria, es decir, pueden suponer de facto una modificación de los presupuestos vigentes al contemplar un gasto no previsto en los mismos, el Gobierno puede oponerse a su tramitación:

Apunta el artículo 111 del Reglamento del Congreso que las enmiendas a un Proyecto de Ley que supongan aumento de los créditos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. El Ejecutivo deberá dar respuesta razonada en quince días y si no se pronuncia se entenderá que no hay disconformidad. En caso de que no se produjera la consulta, el Gobierno puede oponerse en cualquier momento a que continúe la tramitación.

Por su parte, el artículo 126.2 afirma que la Mesa del Congreso remitirá al Gobierno las proposiciones de ley para que manifieste si es conforme a su tramitación, cuando la iniciativa implique aumento de créditos o disminución de ingresos. El Reglamento del Senado incorpora unas previsiones similares.

 

El control parlamentario de la ejecución de los presupuestos

Con la consolidación de los sistemas parlamentarios a lo largo del siglo XIX, los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno fueron definiendo un doble sistema de control sobre las cuentas del Estado. Uno interno, ejecutado por la propia Administración, a través de órganos concretos, como la Intervención General del Estado, que tiene por objeto detectar y corregir posibles defectos de forma simultánea a la ejecución presupuestaria. Y otro externo, desempeñado por el Parlamento, directamente o a través de instituciones especializadas como el Tribunal de Cuentas.

Con el tiempo, este control sobre los caudales públicos se ha hecho más complejo y pormenorizado para garantizar no sólo la adecuación de la gestión económico-financiera del Estado al principio de legalidad, sino también a los criterios constitucionales de eficacia y economía, así como a la estabilidad presupuestaria. De hecho, es común en el ámbito europeo, que organismos independientes, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, velen por que la política presupuestaria sea acorde a las normas y exigencias comunitarias. Y si antes, se ceñían al momento posterior, los controles hoy también se ejercen durante la ejecución del presupuestos.

Instrumentos de la Cámaras

El Congreso de los Diputados y el Senado, como responsables de la autorización de los gastos previstos en los presupuestos, juegan un papel central en el control de la ejecución de las partidas presupuestarias y se han dotado de instrumentos específicos de seguimiento y control.

Para el ejercicio del control parlamentario, los diputados y senadores pueden recurrir a mecanismos ordinarios como las preguntas, las interpelaciones al Gobierno o las solicitudes de información o de comparecencia. Pero mas allá de que prácticamente todo el debate parlamentario está impregnado de implicaciones presupuestarias, se han concretado instrumentos especializados de seguimiento de la ejecución de las cuentas públicas.

Entre ellos se encuentra el informe mensual dispuesto en el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria, por el que la Intervención del Estado pone a disposición de las Cámaras información sobre la ejecución de los presupuestos.

También es de destacar, la Oficina de Control Presupuestario de las Cortes Generales , que tiene entre sus funciones el seguimiento de la ejecución de los presupuestos. Asimismo, los miembros de las Cámaras pueden solicitar acceso inmediato a las bases de información contable y presupuestaria del Ministerio de Hacienda para conocer el detalle en el grado de ejecución de cualquier partida presupuestaria.

Además, nada en los presupuestos queda fuera del control parlamentario, la propia Ley que regula los créditos destinados a gastos reservados, fija el procedimiento de control parlamentario de estas cuantías a través de una comisión parlamentaria.

Y ya por último, al hablar del control parlamentario del presupuesto es obligado concluir con una referencia a una institución con gran tradición en nuestra historia parlamentaria, que ejerce una función fiscalizadora sobre la ejecución presupuestaria. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado y, por delegación de las Cortes Generales, examina y comprueba la Cuenta General del Estado y emite un informe que es remitido a las Cámaras para su tramitación.

 

La Constitución y su reforma

La Constitución y su reforma

- El procedimiento ordinario se aplica a aquellas iniciativas que no afectan a los contenidos constitucionales especialmente protegidos

- El Proyecto o Proposición debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos de los Plenos del Congreso y del Senado

James Bryce clasificó las Constituciones según su procedimiento de reforma en flexibles, como la Constitución inglesa que puede ser modificada por el Parlamento sin una tramitación especial; y rígidas, que contemplan unos procedimientos especiales que, recogidos en la propia Constitución, prevén su modificación siguiendo unos trámites específicos y, en la mayoría de los casos, agravados o más complejos en comparación con los procedimientos legislativos ordinarios.

La Constitución de 1978 -como otros de nuestros textos constitucionales históricos y de nuestro marco geográfico comparado- es una Constitución rígida, que define sus propios procedimientos de reforma en el Título X. Y decimos procedimientos, en plural, porque concretamente se establecen dos:

  • La revisión constitucional definida en el artículo 168: cuando afecta al conjunto del texto o a contenidos especialmente protegidos: el Título Preliminar, los derechos fundamentales y las libertades públicas y el Título II De La Corona.
  • La reforma parcial ordinaria del artículo 167, aplicable cuando no se pretende modificar estos contenidos especialmente protegidos.

Es en este último procedimiento parlamentario en el que nos vamos a centrar. Es además el único que se ha puesto en práctica hasta el momento, primero para reformar el artículo 13 en 1992 y luego el artículo 135, en el año 2011. Y que actualmente vuelve a estar en marcha, con el Proyecto del Gobierno para reformar el artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad.

Se basa en el procedimiento legislativo ordinario, e incluye un conjunto de trámites específicos, que tienen por objeto conseguir amplias mayorías y hacer partícipe, en su caso, al pueblo, el poder constituyente, en la modificación del texto que culmina la cúspide de la pirámide normativa.

 

¿Se somete a debate de toma en consideración?

 

Depende de quién parta la iniciativa. El Gobierno puede presentar un Proyecto de reforma constitucional. En este caso, como ocurre con los Proyectos de Ley, el texto no se somete al debate de toma en consideración, y por lo tanto, su tramitación comienza directamente.

El resto de sujetos con capacidad para impulsar una reforma constitucional, es decir el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; pueden registrar una Proposición de reforma, que sí deberá someterse a un primer debate de toma en consideración ante el Pleno, del Congreso o en su caso en el del Senado, que decidirá por mayoría simple si aprueba o rechaza tramitar dicha modificación.

 

¿Qué enmiendas se pueden presentar al Proyecto o Proposición de reforma?

 

Presentada por el Gobierno o superada la toma en consideración, se abre el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso, Cámara que debate el texto en primer lugar. Los diputados y los Grupos Parlamentarios pueden presentar:

  • Enmiendas al articulado, que buscan modificar la iniciativa, mediante la adición, modificación o supresión de una parte de su contenido.
  • Enmiendas a la totalidad, que pueden ser:
    • De devolución. Se pueden presentar a las iniciativas del Gobierno o del Senado, es decir, a aquellos textos que no han sido tomados en consideración por el Pleno de la Cámara Baja. Se muestran contrarias a que se ejecute la reforma constitucional.
    • De texto alternativo. Se pueden presentar contra todo tipo de iniciativas. En este caso, el proponente del texto alternativo sí está de acuerdo con plantear una reforma pero difiere sobre su contenido, impulsando por tanto una redacción diferente.

 

 

¿En qué casos se celebra el debate de totalidad?

 

Si se presentan enmiendas a la totalidad, se celebra el debate de totalidad en el Pleno del Congreso. Se votan las enmiendas en orden de presentación:

  • Si una de devolución es aprobada, por mayoría simple, concluye la tramitación.
  • Si se aprobara una de texto alternativo, el Proyecto o Proposición original se desecha y el nuevo texto continúa su tramitación, con la apertura de un nuevo plazo de presentación de enmiendas, ya solo al articulado.
  • Si todas las enmiendas a la totalidad son rechazadas, entonces el Proyecto o Proposición original continúa recorriendo el procedimiento parlamentario.

 

¿Qué pasos sigue la tramitación parlamentaria en el Congreso?

 

La Cámara puede decidir aplicar procedimientos específicos como la lectura única o la urgencia, pero con carácter general, la propuesta y las enmiendas al articulado se debatirán en ponencia, comisión y Pleno.

  • La ponencia elabora un informe que incluye el texto de la propuesta de reforma más las enmiendas al articulado que haya aprobado, y se remite a comisión.
  • La Comisión Constitucional somete a debate el informe y las enmiendas que queden vivas y emite un Dictamen que integra el texto elaborado por la ponencia y las enmiendas que cuenten con el visto bueno de la comisión. El dictamen se remite al Pleno, la comisión no puede aprobarlo con competencia legislativa plena, ya que la reforma constitucional es una de las excepciones a dicho procedimiento legislativo, como dicta el artículo 75 de la Constitución.
  • El Pleno aprueba el texto de la reforma, que incluye el dictamen más las enmiendas que se incorporen en este debate. Aquí aparece la primera gran distinción con el procedimiento legislativo ordinario, ya que se exige una mayoría cualificada de tres quintos de los diputados en una votación final de conjunto para ser aprobada, es decir, más de 210 votos favorables. Si se alcanza, la reforma se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

 

¿Qué ocurre si el Senado aprueba un texto diferente?

 

La Cámara de la Plaza de la Marina Española desarrolla un procedimiento parlamentario similar al descrito en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo, debiendo ser aprobado en Pleno por una mayoría de tres quintos de los senadores en una votación final. Concluido éste, pueden darse tres circunstancias:

  • que no apruebe el texto con la mayoría exigida, en cuyo caso la reforma queda inconclusa al no haber obtenido el respaldo de ambas Cámaras.
  • que apruebe la reforma sin introducir enmiendas. En este caso, ha concluido la tramitación parlamentaria.
  • o que introduzca modificaciones al texto remitido por el Congreso. Si se da esta circunstancia, se reúne una Comisión Mixta Congreso Senado para intentar acordar un texto común. La convocatoria de esta comisión paritaria es otra de las especialidades del procedimiento de reforma constitucional, que también se utiliza en otros supuestos contemplados en el artículo 74.

El acuerdo de la Comisión Mixta se eleva a los Plenos de ambas Cámaras, que deben ratificarlo por una mayoría de tres quintos. Pero puede darse una circunstancia en la que sin alcanzar dichas mayorías también quede aprobada la reforma: si el Senado lo aprueba al menos por mayoría absoluta y el Congreso por dos tercios de votos favorables, es decir 234 síes.

 

¿La reforma debe ser aprobada en referéndum?

 

Aún queda un paso más. Cuando se aprueba una reforma parcial ordinaria, se abre un plazo de quince días durante el cual, un diez por ciento de diputados o senadores puede solicitar que el texto sea votado en referéndum. Por lo tanto, frente al procedimiento de revisión constitucional, la consulta al pueblo es facultativa y no preceptiva.

Aprobada la reforma de la Constitución por las Cámaras, y en su caso por el pueblo en referéndum, está lista para su publicación y entrada en vigor.

Como hemos visto, el procedimiento de reforma constitucional ordinaria está basado en el de aprobación de las leyes, al que se introducen trámites específicos que exigen un mayor consenso por parte de las fuerzas parlamentarias. Límites a la iniciativa, exigencias de mayorías cualificadas y la eventual participación de una Comisión Mixta y del pueblo, en referéndum, son, en resumen, estas especificidades.

 

 

Infografía:

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Los procedimientos parlamentarios, paso a paso

Los procedimientos parlamentarios, paso a paso

Nuestra democracia es un sistema parlamentario bicameral, en el que las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, representan al pueblo español, que participa de los asuntos públicos bien directamente o a través de sus representantes: diputados y senadores.

El Parlamento ejerce esenciales funciones del Estado. La aprobación de las leyes es una actividad nuclear que incluso da nombre al Poder Legislativo. Pero Congreso y Senado, no solo elaboran y aprueban las leyes ordinarias y orgánicas, también examinan, enmiendan y aprueban los presupuestos del Estado y ejercen el control de la acción del Gobierno.

Además, desempeña todas las demás competencias que le atribuye la Constitución, como orientar la acción del Gobierno, a través por ejemplo de proposiciones no de ley; o participar en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o los consejeros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.

Las Cámaras También son actor esencial en los procesos de elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía, en la ratificación de convenios internacionales y pueden reformar el propio texto constitucional, entre otras muchas funciones.

Y para el correcto desempeño de todas estas competencias, Congreso y Senado siguen los procedimientos parlamentarios, que fijan unos trámites que deben discurrir tal y como marcan las fuentes del derecho parlamentario para tener validez y eficacia jurídica.

Pues bien, es propósito de esta sección divulgar de una forma clara , precisa y comprensible los procedimientos, fases, trámites, plazos y todos los detalles y ramificaciones que permiten los procedimientos parlamentarios conforme se establece en la Constitución, el Reglamento del Congreso, el Reglamento del Senado y el resto de fuentes aplicables, como determinadas leyes, en su caso, o las normas de desarrollo del Reglamento.