Las Comunidades Europeas nacen en la década de 1950 con las rubricas del Tratado de París, en 1951, que crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), y del Tratado de Roma de 1957, por el que se constituyen la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). Desde entonces Europa se ha visto inmersa en el mayor proceso de integración económica y política del mundo a través de una organización intergubernamental y supranacional de carácter único, de la que España forma parte desde su adhesión en 1986.
UNAS LARGAS NEGOCIACIONES (1977-1985)
Uno de los objetivos del nuevo Gobierno democrático fue conseguir la plena integración de España en el marco europeo. Así, el 26 de julio de 1977, tan solo un mes y medio después de las primeras elecciones democráticas, el Ejecutivo de Adolfo Suárez presenta la solicitud de adhesión ante la Comisión Europea, de la mano del entonces ministro de Asuntos Exteriores. En palabras de Marcelino Oreja, aquel acto formalizaba “un deseo expresado de forma muy amplia por parte de todos los españoles”.
Un año más tarde arrancan las conversaciones con Bruselas para que España se convierta en un nuevo socio comunitario. Si bien las negociaciones se desarrollan sobre todo en el plano gubernamental, el Congreso de los Diputados y el Senado también participan a través del Comité Mixto Cortes Generales-Parlamento Europeo que se constituye en 1978, con el objetivo de reforzar, a través de la cooperación parlamentaria, la comprensión mutua que plantea el ingreso de España en las Comunidades Europeas. Con tal fin y hasta la culminación de la adhesión, en 1986, el Comité Mixto va a celebrar una serie de reuniones en Madrid, en Bruselas y en Estrasburgo.
Los sucesivos Gobiernos españoles avanzan en la negociación entre 1978 y 1985. En general, todas las formaciones políticas presentes en el arco parlamentario manifiestan un amplio consenso sobre la necesidad de que España forme parte de las Comunidades Europeas. No obstante, un asunto tan trascendente está presente en los principales debates parlamentarios celebrados.
Así, por ejemplo, durante la sesión de investidura del 30 de marzo de 1979, el presidente del Gobierno y candidato, Adolfo Suárez, manifiesta que “España quiere estar presente con plenitud de derechos en las instituciones europeas”.
Tres años más tarde, Felipe González, durante el debate de Investidura del 30 de noviembre de 1982 apunta que desde su Gobierno se trabajará “con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas”, una de las decisiones “más importantes en política exterior”, como apunta en este debate el diputado del PNV Marcos Vizcaya, una decisión que, en palabras del portavoz de Alianza Popular, Manuel Fraga, era el “único punto” en el que todas las fuerzas políticas de la Cámara “estamos de acuerdo”.
Las negociaciones entre España y Bruselas avanzan, alcanzándose el acuerdo final en la noche del 29 de marzo de 1985. Ya de madrugada, se celebra una rueda de prensa en la que participa en el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Giulio Andreotti, como representante del Consejo Europeo, cuya presidencia rotatoria ocupa Italia, quien manifiesta su felicidad por haber alcanzado el acuerdo “mediante la buena voluntad de todos”. Una alegría compartida por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors: “la Comisión Europea comparte la alegría y la satisfacción de todos los que no solamente han creído, creen y creerán en Europa, sino de ver también a nuestros amigos españoles y portugueses unirse a nosotros en un esfuerzo común.” En el encuentro con periodistas también están presentes los ministros de Asuntos Exteriores de España y Portugal y Fernando Morán define la rúbrica del acuerdo como momento de “importancia histórica”.
EL TRATADO DE ADHESIÓN (1985)
El Palacio Real de Madrid es el lugar elegido para la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985, en una ceremonia que reúne en el Salón de Columnas a las principales instituciones españolas y europeas. Una vez manifestado el consentimiento por parte del jefe del Estado, S.M. el Rey Juan Carlos I, en esta ceremonia, comienza el proceso parlamentario de autorización: deben autorizaron las Cortes Generales y los Parlamentos de los diez Estados miembros.
La Constitución española establece que las Cortes Generales deben autorizar, mediante Ley Orgánica, la celebración de tratados internacionales “por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Así, se aplica la previsión del artículo 93 de la norma fundamental, un precepto elaborado durante el proceso constituyente con la vista puesta en la futura adhesión de España.
En consecuencia, las Cortes Generales comienzan la tramitación parlamentaria de la ley de autorización. El Gobierno presenta el Proyecto de Ley Orgánica de 13 de junio. Los días 25 y 26 de junio, el Congreso aprobará el texto sin introducir enmiendas. Lo mismo hará, el Senado el 17 de julio, por lo que la norma queda lista para su publicación y entrada en vigor. Durante el debate parlamentario, el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán da las gracias a ambas Cámaras por “el aliento que ha mantenido a lo largo de la negociación”.
Durante la sesión, los portavoces parlamentarios manifiestan su felicidad – o en palabras del diputado Jon Gangoiti del PNV, “nuestra gran euforia”- por la conclusión de las negociaciones y el horizonte que abría la nueva posición de España en Europa. Así, el diputado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón del Grupo Coalición Popular asegura que Europa es la alternativa para “el mejor interés y desarrollo de los españoles”. Miquel Roca, de la Minoría Catalana, agradece a la democracia que “ha permitido expresar nuestra voluntad europeísta y confirmar en Europa nuestro futuro”. Por su parte, Luis Ortiz del Grupo Centrista felicitaba a todos los grupos de la Cámara “y en definitiva al pueblo español” y José Luis Sáenz de Cosculluela, del Grupo Socialista, la define como “ocasión histórica”. El Diario de Sesiones anota: “efectuada la votación, al aparecer en el tablero electrónico el resultado de la misma, 309 votos emitidos, todos favorables, los señores Diputados, puestos en pie, prorrumpen en fuertes y prolongados aplausos”.
Una vez aprobada la Ley Orgánica por las Cortes Generales en verano de 1985, comienza un periplo de seis meses entre la firma del Tratado de Adhesión y la entrada efectiva de España en el que los parlamentos de los diez Estados miembros de las Comunidades Europeas deben dar luz verde al Tratado. Cumplidos todos los trámites, el 1 de enero de 1986, España y Portugal ingresan en las Comunidades Europeas como los miembros undécimo y duodécimo de la organización supranacional.
En el momento de la adhesión se elaboró un libro que recopila toda la documentación producida durante los procedimientos parlamentarios de ratificación de los once Estados miembros, que se custodia en la Cámara Baja.
LAS CORTES GENERALES Y LA UNIÓN EUROPEA
Desde la adhesión a las Comunidades Europeas, las Cortes Generales juegan un papel protagonista en el desarrollo de esta organización supranacional. En concreto, y siguiendo lo establecido por la Constitución, el Parlamento debe autorizar todos los Tratados que modifican la estructura y las bases de la Unión, así como las sucesivas ampliaciones.
De este modo, en 1986, el mismo año de su integración, España ratifiqu el Acta Única Europea, la que será en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez “la primera revisión sustancial de ese conjunto de normas que se llaman derecho primario, tradicionalmente, y que coloquialmente se llama la Constitución europea”. En este debate parlamentario comienza a vislumbrase el final del férreo consenso existente sobre Europa. Por ejemplo, el portavoz del Grupo Vasco, Iñaki Anasagasti apunta que apoyará la reforma “desde la responsabilidad, pero no desde el entusiasmo” o Ramón Tamames, del Grupo Mixto, la califica como “acta de los Gobiernos”.
Unos años más tarde, en 1992, las Cortes Generales deben autorizar el Tratado de Maastricht. Sin embargo, antes de hacerlo, y como consecuencia de que el texto contradecía la Constitución, según declaró el propio Tribunal Constitucional, se aprueba una reforma constitucional para permitir a los ciudadanos de los países miembros residentes en España la participación activa “y pasiva”, como elector y como elegible, en las elecciones municipales. Reformada la Constitución, las Cortes Generales aprueban la Ley Orgánica de ratificación del Tratado de la Unión Europea.
Congreso y Senado han autorizado, mediante Ley Orgánica, la ratificación de todos los tratados que han ido modificando el Derecho primario de la Unión Europea
Desde entonces, los Plenos del Congreso y del Senado han debatido y autorizado por ley orgánica los sucesivos tratados europeos: en 1998 se debate el Proyecto de Ley Orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Ámsterdam; y en 2003, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza. Tras este tratado, la Unión Europea comienza un ‘proceso constituyente’ mediante la elaboración de una Constitución. El Gobierno español decide someter a referéndum el texto y, aunque el apoyo del pueblo a la Constitución fue mayoritario, el proceso queda paralizado por el rechazo de países como Holanda y Francia. En respuesta, se produce la última modificación sustantiva del derecho europeo mediante el Tratado de Lisboa, que fue sometido a autorización de las Cámaras en 2008.
Paralelamente, Congreso y Senado también han autorizado las sucesivas ampliaciones producidas después de la integración de España. Así, las Cortes Generales han dado la bienvenida a los nuevos dieciséis miembros que se han integrado en el proceso europeo desde 1986: Austria, Suecia y Finlandia en 1995, los diez países de Europa central y oriental en 2004 (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa), Bulgaria y Rumanía en 2007, y Croacia, en el año 2013.
Todas las adhesiones de países europeos posteriores a la entrada de España en 1986 también han sido autorizadas por las Cortes Generales
Más allá del derecho primario, Congreso de los Diputados y Senado también trasponen las directivas de la Unión Europea para que estas normas comunitarias pasen a formar parte de la legalidad española. Asimismo, participan en el proceso europeo a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Creada por ley y constituida por primera vez en 1986, esta comisión, formada por diputados y senadores, asume competencias como el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea.
Ante ella también comparece el secretario de Estado competente para informar con carácter previo de las reuniones del Consejo Europeo y una vez celebrada la reunión, el presidente del Gobierno también comparece ante el Pleno del Congreso para informar sobre los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados en los Consejos Europeos. Esta Comisión Mixta también ha acogido la comparecencia de comisarios europeos desde el año 2015, que han explicado las principales líneas de trabajo de cada nueva Comisión Europea.
