Fin de las sesiones a puerta cerrada: el debate constitucional llega a la Comisión

May 5, 2018 | EL CAMINO CONSTITUCIONAL

A las diez y veinte minutos de la mañana del 5 de mayo de 1978 comenzaba la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas en la que se debatiría el anteproyecto de la Constitución. El siguiente paso necesario para que la futura norma suprema fuese una realidad en diciembre de ese año.

La casualidad quiere que su nacimiento coincida con la celebración del Día de Europa. Una detalle simbólico que el presidente de la misma, Emilio Attard, se encarga de resaltar: “Poniendo de relieve que, sin dramatismos, sin parlamentarismos castelarianos, pero conscientes todos de que vamos a escribir una página histórica se inicia con la feliz coincidencia de ser el Día de Europa y esta Constitución que nosotros vamos aquí a estudiar para España permitirá nuestra definitiva integración”.

El primer ponente en intervenir fue Miguel Herrero de Miñón, por UCD, que sentó su discurso de defensa del informe de la Ponencia como base de los trabajos de la Comisión en tres razones básicas: las circunstancias que han presidido la génesis del proyecto Constitucional; el contenido del proyecto mismo, y por último, el ánimo que ha inspirado a sus autores y el talante de todo el proyecto, el espíritu de concordia. Durante su exposición, Herrero también defendió el proyecto por ser obra de una Ponencia en la que estaban representadas todas las fuerzas del Parlamento: “también de las minorías estatales y no estatales, lo que ha permitido al proyecto enriquecerse del esfuerzo de todos los nervios y músculos de esta España nervuda y musculada que tratamos de poner en pie”.

Recorte del periódico ABC del 6 de mayo de 1978.

Herrero, a la vez que defendía que la Constitución que debía surgir de esa Comisión no podía ser “la imposición de nadie sobre nadie, sino la imposición de la voluntad general de los españoles”, advertía de que la Constitución por sí sola no puede resolver todos los problemas del país “y sería necesario exorcizar de esta Cámara y de la opinión pública toda ilusión de taumaturgia constitucional”.

Por último, Herrero de Miñon enumeró los tres pilares en los que se debería sustentar el “edificio jurídico constitucional no sólo para unas décadas sino para varios siglos”: En primer lugar, la decisión en favor de una gran nación, tan grande como para poder contener, sin destruirla, una pluralidad de nacionalidades y regiones capaces de autogobierno; en segundo lugar, la opción en favor de un Estado de derecho social y democrático; y, por último, la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

«La Constitución no debe ser la imposición de nadie sobre nadie, sino la imposición de la voluntad general de los españoles»

A pesar del tono conciliador general, las discrepancias entre grupos políticos eran evidentes, y así se mostraron en los primeros debates de la Comisión. Durante su intervención, el ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, criticó abiertamente el discurso anterior de su homólogo de UCD, abriendo y cerrando su primera intervención con muestras de sus discrepancias con la postura planteada por Herrero de Miñón.

Además, Peces-Barba tuvo tiempo de explicar el episodio del abandono de su partido de la Ponencia Constitucional así como el voto particular que piensa defender sobre la forma del Estado, argumentando que “en la Constitución debe discutirse todo”.

Las distancias entre ucedistas y socialistas no se redujeron tras la primera sesión. Al contrario, las diferencias que mantenían ambas formaciones fueron haciéndose más evidentes con el paso de los meses. Para acercar posturas, Alfonso Guerra, por parte del PSOE y Fernando Abril Martorell por UCD, asumieron la dirección de conversaciones fuera del Congreso que serían decisivas para el correcto desarrollo del debate constitucional.

«En la Constitución debe debatirse todo»

Artículo de ABC sobre la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, realizó en su intervención una histórica defensa de la Monarquía que sería ampliamente comentada en la prensa de la época.  Carrillo defendió la figura del Rey y su encaje en el texto constitucional: “ha sabido hacerse eco de las aspiraciones democráticas  y ha asumido la concepción de una Monarquía democrática y parlamentaria”. El Rey, continuaba, “ha desempeñado el papel de bisagra entre el aparado del Estado y las profundas aspiraciones democráticas de la sociedad civil”.

El discurso de Carrillo vino precedido de un repaso histórico en el que recordó el pasado de oposición a la institución monárquica de su partido y sus reiterados intentos por traer la República a España. Sin embargo, dejó una frase que resumía el espíritu de su intervención y de la posición adoptada por los suyos ante el debate constitucional: “luchando por la República correríamos hacia una aventura catastrófica en la que no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia”.

No olvidó resaltar el hecho de que el texto reconociese explícitamente que la soberanía nacional resida en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. “Ni la ‘Gracia de Dios’, ni la ‘Providencia’, ni ningún ‘mandato de la Historia’, la voluntad del pueblo es la única fuente legítima de todo poder”, expuso durante su turno de palabra.

Sobre el tema autonómico, Carrillo advirtió que eran “el único camino para lograr el fortalecimiento de esa unidad”.  A ese respecto, anunció que su partido presentaría enmiendas a esa parte del texto así como a los apartados que recogían los derechos de huelga y sindicación.

”Ni la ‘Gracia de Dios’, ni la ‘Providencia’, ni ningún ‘mandato de la Historia’, la voluntad del pueblo es la única fuente legítima de todo poder”

Portada de La Vanguardia del 6 de mayo de 1978

El debate sobre las autonomías también estuvo presente en el último discurso de la primera sesión de la Comisión. Manuel Fraga, representante de Alianza Popular, desarrolló una encendida defensa de la “sagrada e indisoluble unidad de España como nación y como Estado nacional”. A pesar de reconocer el sistema autonómico, Fraga se mostró contrario a la introducción del término “nacionalidades” en el texto constitucional: “Para nosotros no existe más nación que la española… El concepto nación se puede acuñar a voluntad: no basta una particularidad lingüística, étnica o administrativa: sólo la suma de un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal, una viabilidad económica, una organización política global, probada por siglos de historia, constituyen una nación”.

Tras hacer una defensa de la monarquía como forma de Estado y de un parlamentarismo racionalizado “que permita a la vez gobiernos fuertes y control efectivo de los mismos por unas oposiciones responsables”, Fraga resaltó la importancia de la seguridad como necesidad básica y como fin del Estado.

«Merezcamos el dictado de servidores leales del bien común, superadores de la tentación demagógica de pensar más en la próxima elección que en la generación siguiente»

Con la única ausencia del diputado Gabriel Cisneros, de UCD, los ponentes constitucionales ocuparon el 5 de mayo las treinta y cinco butacas de una sala que sería testigo de unos debates que no se producían en España desde 1931. Veinticuatro sesiones después, el texto consensuado por los ponentes estaría preparado para enfrentarse a su debate en Pleno del Congreso de los Diputados.  La Constitución estaba cada vez más cerca de ser una realidad.

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