En cada consulta de un hospital público, en los pupitres del colegio de nuestro barrio o en los pilares de esa autovía que nos permite llegar en minutos al lugar donde hace años necesitábamos horas. El esfuerzo y compromiso de cada ciudadano está plasmado en todas esas infraestructuras y servicios que han sido puestas en pie con los impuestos que cada año aportan para el común los españoles. La presentación de la declaración de la renta sigue sin ser la fecha más dulce del año, pero el contexto social de pagar el IRPF ha cambiado casi por completo.
La Ley que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se publicó en septiembre de 1978, sólo unos meses antes que la Constitución. Ambas normas se gestaron de forma paralela, y se convirtieron en un elemento clave para la construcción de la España democrática. El principio de redistribución de la renta que se recoge en la Constitución se materializó en la Ley del IRPF, que tenía como objetivo dotar de recursos a un nuevo sistema de servicios públicos. Estas nuevas obligaciones de contribuir y los derechos adquiridos necesitaban una sociedad concienciada. Para ello, se lanzó una potente campaña institucional que ha trascendido y pervive hasta hoy.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entró en vigor el 11 de septiembre de 1978, pero su tramitación empezó casi un año antes, el 26 de diciembre de 1977, cuando el Gobierno presidido por Adolfo Suárez presentó el proyecto de ley. En sus palabras de apertura de la Comisión de Hacienda celebrada el 2 de febrero de 1978 y recogida en el diario de sesiones, su presidente, el socialista Luis Solana Madariaga, subrayaba el hecho de que “es la primera vez que la Comisión de Hacienda inicia sus sesiones del Congreso, y lo hace con la Reforma Fiscal, pieza básica de la Democracia. Estoy seguro de que todos los Grupos Parlamentarios confirmarán la trascendencia del acto que hoy vamos a iniciar”.
El ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, defendía ante los miembros de la Comisión que los principios del impuesto, de “racionalidad, de capacidad de pago con progresividad, de protección de los procesos de ahorro y de inversión productivos, eliminación de distorsiones y de privilegios” son los propios de los “países de economía industrial moderna y civilizada”.
El consenso político en torno a necesidad de tramitar esta iniciativa se plasmó en las intervenciones de los portavoces de los grupos en la Comisión. Baldomero Lozano, del Grupo Socialista, remarcaba que las reformas debatidas suponen “el desarrollo económico de una idea política que supone que la democracia sea la democracia, o comience a ser una democracia efectiva”. Ramón Tamames, del Partido Comunista, apuntaba que se trata de la reforma no de un partido ni de un Gobierno, sino “prácticamente de todo el arco parlamentario, puesto que en todos los programas electorales estaba incluido como capitulo importante el relativo a la reforma fiscal”.
Pedro María Sodupe, portavoz en la Comisión del PNV, único grupo que presentó enmienda a la totalidad, indicaba que la reforma es “imprescindible para poder crear un nuevo estado de cosas en el terreno económico y social acorde con el proceso de democratización de las estructuras del Estado”. Ramón Trías, de la Minoría Catalana, recalcaba que en este primer debate “tenemos que intentar echar adelante una reforma que mejore las condiciones de las gentes de este país que más lo necesitan”.
A partir de esta primera reunión de la Comisión de Hacienda en la que cada grupo expuso sus posiciones de partida, los detalles de la norma que regulaba el impuesto y las enmiendas al articulado con los que las formaciones políticas concretaban sus propuestas fueron discutidos durante cinco sesiones de la comisión de Hacienda y tres plenos antes de ser enviada al Senado para ser ratificada y publicada en el BOE como la Ley 44/1978.
Durante este proceso, los legisladores subrayaron en varias ocasiones la dificultad de que el impuesto encajara con el sentido común de la época, poco acostumbrado a contribuir con parte de su dinero al bienestar común. Los anteriores intentos de poner en marcha un impuesto similar, por ejemplo en 1910 con el ministro de Hacienda Eduardo Cobián o en 1926, no lograron salir adelante. En el proyecto de la ley de 1978, además de hacer un repaso a estos intentos fallidos, el Gobierno recuerda los motivos que se esgrimían para no apoyar el impuesto, entre ellos, “la incapacidad de la administración fiscal o de la ‘psicología’ del contribuyente”. “En realidad, la resistencia y el poder político de las clases más conservadores era todavía demasiado fuerte para admitir el impuesto”, sentencia el Gobierno en el proyecto de ley.
Este clima fue trasladado al cine a través del humor del director Luis García Berlanga en la película Patrimonio Nacional, donde se narra la historia de ficción del marqués de Leguineche, un noble que vuelve del exilio y vive los cambios sociales de la Transición. Una de sus tareas es saldar la deuda que su familia tiene con Hacienda. En su negociación con el funcionario del ministerio que iba a embargar sus bienes, el marqués argumenta: “¿Por qué vamos a pagar ahora si el país ha marchado perfectamente sin nosotros?”, a lo que el trabajador contesta recriminando que “la pobre gente” sí que lo ha hecho. “Ya, pero lo han hecho muy poquito a poco y no se han dado ni cuenta”, replica con sorna el noble.
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Para cambiar esta percepción, el Gobierno se puso como objetivo acompañar las nuevas iniciativas legislativas sobre impuestos de una potente campaña de comunicación que concienciara a la población de la importancia de no engañar en la declaración de la renta. El secretario general técnico del ministerio de Hacienda de la época, Antonio Santillana, defendía en un artículo en el diario El País que la ley 50/1977, uno de los precedentes de la ley del IRPF, “nace del convencimiento de que debe cambiarse radicalmente la actitud del contribuyente español, que hasta ahora incluso presumía de defraudador, para transformarlo en un contribuyente responsable, para quien el pago del impuesto constituya un honor y un origen de derechos que le permitan exigir del Estado las cuentas que justifiquen el buen uso del dinero que aporta”.
Este objetivo se concretó en la campaña “Hacienda somos todos”, una iniciativa que apareció a finales del mes de mayo de 1978 y que tuvo como promotores al ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, y al creativo publicitario Stanley Bendelac. En realidad el eslogan era un poco más largo, “Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos”, una frase que deja entrever ese momento pasado de descontrol tributario y la necesidad de convertir el pago de los impuestos en una cuestión moral, de no fallar al vecino.
La campaña puso su énfasis en crear un nuevo ambiente que animara al contribuyente a no mentir en su declaración, por lo que utilizó como interlocutores a las personas que más prestigio y fama tenían en la sociedad de la época: actores, escritores, futbolistas, toreros… La actriz y profesional del circo Bárbara Rey protagonizaba un vídeo en el que cuenta como su familia, “una familia feliz”, hace la declaración de la renta sin mentir porque “no se puede ser feliz engañando”.
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El escritor Gonzalo Torrente Ballester también participó en esta campaña, aunque su mensaje era un poco más pesimista que el de Bárbara Rey:
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La intención de la campaña del “Hacienda somos todos” era hacer ver a la gente que todos eran iguales ante el fisco, todos incluso el rey Juan Carlos I. Francisco Fernández Ordóñez, el mencionado ministro de Hacienda, fue protagonista de la portada de la revista Cambio 16 en la que aparecía una curiosa frase como titular: “Aquí paga hasta el Rey”. Y así fue, unos días antes del cierre del plazo para presentar la declaración, el monarca presentó la suya, espoleando a los últimos rezagados que todavía no lo habían hecho.
El diario ABC también dio un empujoncito para que nadie se quedara sin cumplir su obligación con Hacienda. El domingo 30 de junio, el día antes del cierre de admisión de declaraciones, el periódico publicó esta portada en la que decía que “la inmensa mayoría de los españoles han respondido favorablemente a la llamada de nuestras autoridades fiscales”. Las advertencias de ABC no estuvieron dirigidas solo a los contribuyentes, sino al propio ministerio de Hacienda, a los que reclamaba que “en el futuro traten de sustituir la actual literatura jeroglífica de las declaraciones por unos impresos claros y sencillos al alcance de todos”.
Desde que el Impuesto de las Personas Físicas se puso en marcha en 1978 la tramitación de la declaración de la renta ha cambiado mucho, tanto que de esa “literatura jeroglífica” hemos pasado a poder hacer nuestra declaración con el teléfono móvil. Han pasado cuarenta años desde la primera declaración de la renta, cuarenta años con muchas campañas de comunicación que siguen intentando concienciar a la población de los beneficios sociales de contribuir con los impuestos, pero ninguna de ellas se ha grabado tan profundo en el sentir popular como ese “Hacienda somos todos”.