La contradicción de “otorgar a la mujer el derecho de ser elegida y negarle el de ser electora”.
La modificación de la ley electoral decretada por el Gobierno Provisional tuvo amplia difusión en la prensa de la época, que reprodujo íntegra en sus páginas y también se hizo eco de sus posibles consecuencias en los resultados electorales. Así se desprende del análisis de las ediciones publicadas en los días posteriores.
Los acuerdos alcanzados por el Gobierno Provisional en su reunión del día 8 de mayo, entre ellos la modificación electoral y la libertad religiosa en las escuelas, llevaron a calificar dicho Consejo de Ministros como “de gran importancia”. Así lo hizo La Voz, que publicó toda la información relativa bajo el rótulo “Los primeros pasos de la República”, o El Heraldo de Madrid, que hablaba de “Nuevo panorama político”.
La reunión del Ejecutivo fue larga, como atestiguó El Imparcial, que indicaba que el Decreto fue facilitado a los periodistas “a la una de la madrugada”. Conocida la información, la práctica totalidad de los periódicos, como hizo el diario Ahora, dedicó sus páginas a reproducir el “texto íntegro del decreto modificando la ley Electoral para las elecciones a la Asamblea constituyente”. También lo hizo La Vanguardia, que publicaba los artículos del decreto relativo al “régimen para la elección de Cortes Constituyentes”.
Los titulares arrojaban luz sobre las principales reformas: El Imparcial, decano de la prensa de Madrid, se centraba en que la modificación de la ley electoral de 1907, se hacía “al solo efecto de la elección para Cortes Constituyentes”. El Sol ponía el foco en que los diputados se elegirán por circunscripciones provinciales, “uno por cada cincuenta mil habitantes” y que “las mujeres y los sacerdotes serán elegibles”, y La Nación destacaba que “se considerarán circunscripciones propias las poblaciones mayores de 100.000 habitantes”.
Consecuencias de la nueva Ley electoral sobre los posibles resultados
Algunos periódicos también dedicaron espacio a analizar las consecuencias del Decreto. Las opiniones publicadas se centraron en el reparto de escaños por circunscripciones y en la fórmula electoral dispuesta, no encontrándose reticencias a la aprobación del sufragio pasivo femenino.
Así, ABC en un número suelto del mismo día 8 titulaba en portada contra “la arbitrariedad distributiva del proyecto electoral”. El diario de la familia Luca de Tena afirmaba que se provocaría “un trato desigual e inferior a comarcas que suman los 50.000 votos y que tendrían la mitad, o menos, de representación que otras menores consideradas como circunscripciones” y que el Gobierno se había propuesto “servir exclusivamente a su clientela, disponiendo de copiosos puestos de mayoría, y aplicar la guillotina a las minorías”.
Ya en su edición del día 10, publicaba un “interesante índice de atribución de diputados a cada provincia y de distribución de mayorías y minorías” y una nota del director del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística donde se aseguraba que con el nuevo régimen electoral se elegirían 467 diputados de los que 118 corresponderían a las minorías, un 26 por ciento, “mientras que en el régimen anterior era poco más del 7 por 100”.
El diario La Época dio voz a dos opiniones sobre la reforma electoral: una del exministro de Gobernación Antonio Goicoechea y otra del catedrático de Derecho Político de la Universidad de Santiago, Sr. Ruiz del Castillo. El primero definió el Decreto como un “atropello deliberado y consciente del derecho de las minorías”. Afirmaba que el gobierno, al que califica de “Dictadura republicana”, podría haber optado por el sistema de representación proporcional, bien “en la forma ya tradicional del régimen belga de D’Hont, bien por el más moderno sistema badense”.
Ruiz del Castillo apuntaba que, decidido el Gobierno “a innovar en materia electoral, hubiera sido medida sabia implantar la representación proporcional integral”. El catedrático se mostraba favorable a la sustitución del distrito uninominal por la circunscripción provincial, pero veía contradictorio “otorgar a la mujer el derecho de ser elegida y negarle el de ser electora”.
El Heraldo de Madrid llevaba a portada una carta abierta del periodista Juan Sánchez-Rivera quién afirmaba que, como “republicano y socialista”, debía defender “la representación proporcional” y un “colegio único nacional o grandes circunscripciones”, lo que, a su juicio, “permitirá que cada partido político obtenga el número de diputados correspondiente a los sufragios que en toda la nación alcanzaré”.
En su conjunto, el reflejo informativo que tuvo la reforma electoral en la prensa española de la época, muestra el interés por conocer los pormenores del texto y en especial cómo podrían influir las modificaciones en los resultados electorales que conformarían un arco parlamentario tendrá que enfrentarse al gran reto de redactar el nuevo texto constitucional.