El cronista Francisco López de Pablo, que trabajaba para la agencia ‘Logos’, afirmaba en uno de sus artículos que de esta gran cantidad de enmiendas “se desprende que los senadores han tomado con entusiasmo su tarea histórica de hacer una segunda lectura del texto constitucional que salió del Congreso”. Estas enmiendas no solo buscaban el perfeccionamiento técnico o semántico del texto, sino también pretendían marcar diferencias políticas.
No fue un mero trámite. El paso de la Constitución por el Senado supuso el debate y votación de 1.254 enmiendas en las apenas dos semanas transcurridas entre la publicación en el BOCG del proyecto de Constitución y el 7 de agosto, día en el que finalizaba el plazo de admisión de enmiendas.
Una vez presentadas y tramitadas todas las enmiendas, el 18 de agosto comenzaba el debate del texto en la Comisión Constitucional del Senado, que estuvo presidida por José Federico de Carvajal, senador del Grupo Parlamentario Socialista por la provincia de Ávila.
Palacio del Senado
En estos días de agosto, los temas de debate giraban en torno al Estado autonómico y la composición y funciones del Senado, pena de muerte, la relación Iglesia – Estado, las fundaciones y la detención preventiva, entre otros asuntos. Aunque las discrepancias fueron muy profundas en estos temas, se mantuvo el espíritu de consenso. Un buen ejemplo de ello fue la redacción de la segunda parte del artículo 15 que menciona la pena de muerte. Existían dos posturas enfrentadas: la que defendía la abolición de la pena de muerte y aquélla que, pidiendo también su abolición, planteaba añadir excepciones para determinados supuestos en los que sí pudiera haber pena máxima. El senador Isaías Zaragoza fue el encargado de presentar las enmiendas a esta parte del artículo 15 y la intervención más destacada corrió a cargo de Luis María Xirinachs. Al final se optó por la abolición de la pena de muerte salvo en lo relativo a las leyes penales militares para tiempos de guerra.
El Senado, Cámara de representación territorial y con función legislativa
Durante las sesiones de la Comisión Constitucional, también se llegó a acuerdos en lo referido a la composición y funciones de la Cámara Alta. Entre las novedades que se introducen destacan el reconocimiento del Senado como una cámara de representación territorial, la ampliación de sus competencias para que la Cámara adquiera función legislativa, la desaparición de los senadores por designación real (una figura que apareció con la Ley para la Reforma Política y que permitió al Rey Juan Carlos I escoger a 41 senadores de los 248 de la legislatura constituyente) y el establecimiento de dos senadores para Ceuta y otros dos para Melilla.
La última sesión de la Comisión Constitucional, celebrada el 14 de septiembre, no estuvo exenta de polémica. Cabe destacar la aprobación de una enmienda en la disposición adicional, que sugirieron los senadores vascos, para amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. Esta enmienda salió adelante con sus propios votos y apoyados por los socialistas, Entessa dels Catalans, Progresistas y Socialistas Independientes y los senadores reales Carlos Ollero, Luis Sánchez y Antonio Pedrol. Solo se opusieron los representantes de UCD, quienes afirmaron con rotundidad que esta disposición no iba a tener su apoyo en el Pleno.