“Con la lluvia de enmiendas al proyecto de Constitución que ha caído sobre nuestras cabezas, mil ciento treinta y tres, con su treinta y tres y todo como en la consulta del médico, ya se imaginarán ustedes que no se habla de otra cosa en los pasillos del Congreso”. Con estas palabras describía la periodista Pilar Narvión en el Diario Pueblo el clima político en los días que sucedieron a la presentación de las propuestas de reforma de la primera versión del texto constitucional en la que habían trabajado durante meses los ponentes.

Publicado el anteproyecto de la Constitución, el 5 de enero de 1978, se inicia una nueva etapa en el trayecto constitucional en la que los debates internos en los partidos políticos, las conversaciones “a dos” y las negociaciones extraparlamentarias toman el relevo a los encuentros de la ponencia, y la prensa asume el papel de diario de sesiones de las reuniones “maratonianas” de los partidos para cerrar, antes de concluir el plazo fijado, las enmiendas al articulado de la primera propuesta de Constitución.

Los partidos no son los únicos que analizan al detalle el anteproyecto constitucional, que ya es objeto de revisión exhaustiva por parte de intelectuales, juristas y periodistas. El Ejecutivo presidido por Adolfo Suárez estudia también en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros un texto concebido para sentar las bases de la convivencia, y al que se espera dotar de la consistencia suficiente como para no necesitar constantes retoques para adaptarlo a la evolución de la situación política del país.

Entrevistas – como la serie “Los hombres de la Constitución” realizada por Pilar Urbano para el diario Abc -, artículos de opinión, colaboraciones de expertos, debates y editoriales de las principales cabeceras del país revelan la preocupación que en las filas de todos los partidos y en las instituciones suscitaba este importante trámite parlamentario: de las enmiendas que en estos días se presentaran dependía la dirección que tomarían los debates en los próximos meses. Lo que los grupos parlamentarios explicitaran y también aquello que omitieran condicionaría los márgenes para retocar el anteproyecto hasta su redacción definitiva.

En el ecuador de este periodo de análisis del anteproyecto y redacción de enmiendas, el diario Informaciones describía así la situación política en un editorial publicado el 18 de enero:

Informaciones, 18/01/1978. Archivo Linz. Fundación Juan March

“Esta preocupación por la trascendencia del texto constitucional como pieza maestra de la democracia, aumenta conforme se van cumpliendo los plazos para la presentación de enmiendas, y así, los partidos políticos celebran reuniones maratonianas para establecer estrategias que, al defender sus intereses respectivos, coadyuven también a mejorar aquellos aspectos fundamentales del texto y evitar la ambigüedad que, por el momento, no definen con precisión muchas de las más importantes cuestiones que afectan al nuevo modelo político que se propone”.

“Si a estas cuestiones de fondo se une las imperfecciones técnicas y el excesivo carácter reglamentista del texto constitucional propuesto”, añade el editorial de Informaciones, “se desprende que hayan sonado los timbres de alarma y los expertos políticos trabajen a marchas forzadas para salvar lo salvable del anteproyecto. Esta preocupación ha llegado al Gobierno y la reunión extraordinaria del Consejo de ministros del lunes pasado es buena prueba de ello”.

En las “múltiples imperfecciones de tipo técnico” incidía también en aquél momeno el periodista Pedro J. Ramírez, que dedicó un análisis titulado “La filosofía del consenso, en tela de juicio”, publicado por el diario Abc el 18 de enero, a la “intensa crítica desde diversas posiciones políticas” al que estaba siendo sometido el borrador constitucional. “En esta ofensiva, que no puede considerarse en ningún caso como una acción coordinada”, apuntaba, “participan senadores adscritos a diversos grupos parlamentarlos, diputados de la propia U.C.D. y personalidades independientes”.

Abc. 18/01/1978.

En un clima de intensa actividad parlamentaria y de debates políticos de calado como los procesos preautonómicos, el proyecto de ley para regular la acción sindical en las empresas o la convocatoria de elecciones municipales en pleno proceso constituyente, los partidos apuraban los días para tener listas, antes de concluir el plazo marcado, sus propuestas de mejora del anteproyecto constitucional.

El fin de semana del 14 y 15 de enero, el partido en el Gobierno, la Unión de Centro Democrático, mantuvo una reunión presidida por su portavoz en el Congreso y ponente constitucional, José Pedro Pérez Llorca, en la que participaron dos ministros, Landelino Lavilla y Manuel Clavero. El propio Pérez Llorca declaraba a los periodistas al finalizar el encuentro que el acuerdo había sido total en torno a las enmiendas de carácter técnico que el partido estaba ultimando.

Perfeccionar técnicamente el proyecto era también uno de los objetivos del Partido Socialista a la hora de plantear sus propuestas. Las enmiendas del PSOE, presentadas en rueda de prensa por su representante en la ponencia, Gregorio Peces Barba, pretendían también, según sus propias palabras “profundizar en la democracia” respetando el consenso alcanzado en torno a temas como las Fuerzas Armadas, la libertad religiosa y el derecho a la educación.

Entre los objetivos concretos de los socialistas, ampliar las libertades de asociación y comunicación, garantizar el derecho a la Seguridad Social, asegurar el derecho a sindicación de los empleados públicos, aumentar las garantías en los estados de excepción y de guerra, establecer un sistema de autonomías igualitario, la reducción del papel del jefe de Estado a garante de la Constitución. perfeccionar el Tribunal Constitucional y agilizar las posibilidades de reforma constitucional.

Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, y Santiago Carrillo presidieron el 9 de enero la reunión en la que los 125 miembros del Comité Central del partido acordaron renunciar a plantear el dilema entre monarquía y república para preservar el equilibrio del proceso democrático. En la resolución aprobada, el PCE valoraba “positivamente el proyecto de Constitución, tanto por lo que supone su propia existencia a los seis meses de las elecciones como por su contenido”.

Jordi Solé Tura, miembro de la ponencia en representación del Partido Comunista, manifestaba que “especialmente se considera positivo el tratamiento que en el proyecto se hace de la defensa de los derechos y libertades fundamentales”, y pronosticaba que el texto “permitirá grandes transformaciones en la estructura económica y social”. Constatado este apoyo al espíritu del proyecto, el Comité Central encargó al grupo parlamentario una serie de enmiendas para mejorar aspectos como las competencias y las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, el nombramiento parlamentario del presidente del Gobierno, el voto de censura al Ejecutivo y la facultad de anular determinadas decisiones de las entidades autonómicas.

Alianza Popular, inmersa en los días previos a la conclusión del plazo para registrar las enmiendas en su segundo Congreso Nacional, que habría de marcar la estrategia política inmediata y futura de la formación, defendía el concepto de «región autonómica» frente a «nacionalidades» que había logrado imponerse durante las negociaciones de la primera fase de la ponencia.

Las formaciones nacionalistas, en pleno proceso de configuración del régimen pre autonómico, estudiaban en sus Ejecutivas y en el ámbito institucional el modo de garantizar en la futura Constitución el reconocimiento de sus aspiraciones.

En nombre del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, el ponente Miquel Roca remarcaba la necesidad de llevar adelante, con éxito, la experiencia constitucional, «en la que nos jugamos mucho y con la que demostraremos nuestra capacidad de convivencia democrática», siempre a partir «del reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo», como condición imprescindible para votar favorablemente el proyecto.

En el convento de los Carmelitas de Larrea se reunieron parlamentarios y dirigentes del PNV en “tres días de trabajo ininterrumpido” para analizar los diez capítulos en los que se estructuraba el anteproyecto constitucional y perfilar el modo de asegurar que la realidad foral quedara amparada en el texto de la Constitución, defender la necesidad de dotar a los “entes autonómicos” de los medios económicos necesarios para mantener sus estructuras, diseñar una caja de “compensaciones territoriales” y garantizar la soberanía fiscal. Entre sus más de 100 enmiendas, algunas de ellas presentadas conjuntamente con la minoría catalana, ninguna planteaba objeción a la forma de Estado porque, tal y como argumentaba su portavoz parlamentario, Xabier Arzalluz. “si la monarquía no entorpece la consecución del autogobierno, sería una cuestión que obviaremos por el momento”.

Por su parte, el PSP, en pleno proceso de negociaciones ante la ya inminente convergencia con el PSOE, partía en su planteamiento del “compromiso imperfecto” desde el cual, en palabras de su presidente, Enrique Tierno Galván, se había elaborado el anteproyecto. Un compromiso que, argumentaba, había obligado a una serie de cesiones en materias como el modelo territorial o la fórmula de Estado monárquico”.

La primera enmienda: contra la pena de muerte

Llegaba asi el 25 de enero de 1978, primer plazo fijado para presentar las enmiendas al articulado, y el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, acuerda ampliarlo hasta el 31 de enero. La petición partió de los grupos Mixto y Vasco del PNV, pero ninguna formación parlamentaria se opuso a esta semana extra para continuar con sus propuestas.

Antes de agotar el primer plazo ya se había presentado en el Congreso de los Diputados la primera enmienda al anteproyecto e Constitución: la firmada por Eugenio Alés, diputado de U.C.D. para incorporar una disposición transitoria que contemplara expresamente la abolición de la pena de muerte, y modificar la redacción del artículo 15 del anteproyecto, referido al derecho a la vida.

La enmienda se registraba después de que el Pleno rechazara, en una sesión celebrada el día 12 de enero, una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, y defendida por su ponente constitucional, Gregorio Peces Barba, para la abolición de la pena de muerte, que calificaba como “error judicial irreparable”. En su réplica, el ministro de Justicia explicaba que “por la naturaleza del tema y su carga emocional el Gobierno no es partidario de la pena de muerte, pero esta proposición no es la mejor fórmula técnica”. La votación, nominal y secreta, arrojó el resultado de 133 votos en contra, 128 a favor y 11 abstenciones.

La redacción del artículo es objeto de intensos debates en la Comisión Constitucional y el Pleno hasta llegar a la redacción actual del artículo 15. Ya con la Constitución en vigor se aprobaron  la Ley Orgánica 9/1980 de modificación del Código de Justicia Militar, que delimita la aplicación de la pena de muerte y sus consecuencias; y la Ley Orgánica 8/1980 de  reforma del Código Penal, que suprime la pena capital.

779 escritos 

Cerrado el registro del Congreso de los Diputados el día 31 de enero de 1978 se han presentado 779 escritos en los que se formulan un total de 3.000 enmiendas de diputados y grupos parlamentarios. Es el turno de los letrados de la Cámara, a quienes corresponde ordenar las enmiendas para tener, antes de que se convoque a la ponencia, una estructura clara de las propuestas de modificación formuladas en cada título y cada artículo.

Las enmiendas no fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sino en un documento separado de 435 páginas, con 53 de índice, en el que quedaban consignadas todas las enmiendas ordenadas por títulos. Los más enmendados, el Título II, en el que se reconocían los derechos y deberes fundamentales, el IV, que en el anteproyecto de la Constitución regulaba las Cortes Generales, y el VIII, de los territorios autónomos.

Este documento sería analizado, junto al anteproyecto publicado el 5 de enero, en la segunda etapa de reuniones de la ponencia, que se prolongó hasta el 17 de abril, fecha de publicación del informe que habría de debatirse, ya en sesiones públicas, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.