El 17 de abril de 1978 se vivía uno de los momentos más decisivos en la confección de la Constitución española, un instante histórico que puso fin a varias semanas cruciales en las que se intensificaron las reuniones dentro y fuera de los muros del Congreso de los Diputados para alcanzar un acuerdo que permitiera superar las discrepancias entre los siete ponentes encargados de su elaboración, los que pasarían a la historia como los padres de la Constitución.
Tras nueve meses de trabajo y esfuerzos para pulir sus diferencias y conseguir reflejar en un solo documento las diferentes sensibilidades que había en la España de la Transición, el 17 de abril de 1978, hace justo cuarenta años, los Padres de la Constitución daban su trabajo por concluido. Ese día se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes el último informe de la Ponencia, en el que los siete ponentes encargados de redactar la Constitución aceptaban o descartaban las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios de las Cortes a su anteproyecto de Ley. Quedaba configurado así el último documento con su firma, documento que sería a partir de ese momento debatido y modificado, ya en sesiones públicas, en las comisiones del Congreso, del Senado y Mixta, y refrendado por el Pleno de ambas Cámaras antes de someterlo a referéndum popular.
Apenas una semana antes, el 10 de abril, los siete ponentes se habían reunido en un acto institucional para firmar el informe ante periodistas y reporteros gráficos y la cita sirvió para evidenciar las dificultades que habían existido para llegar a acuerdos consensuados. El socialista Gregorio Peces Barba, quien un mes antes había abandonado la Ponencia al considerar que se habían “incumplido las condiciones políticas que mantenían el consenso” y había luchado por retrasar el acto con la intención de llegar antes a un consenso, acabó acudiendo a la cita, pero, en lugar de estampar su firma junto al resto de los ponentes, leyó una declaración expresando sus reservas. Sus palabras quedaron reflejadas al final del informe de la Ponencia:
“El ponente socialista Gregorio Peces-Barba Martínez manifiesta que ha acudido a la reunión de la Ponencia del día de la firma para constatar si era posible, en este momento, el restablecimiento del consenso que motivó su salida en los artículos 15, 26 y 34”.
Los artículos que habían obstaculizado el consenso se referían respectivamente a la libertad religiosa, a la educación y a las medidas de conflicto laboral en manos de los empresarios, es decir, al “lock out” empresarial. En cualquier caso, las diferencias venían de muy atrás. Aunque en los primeros meses las reuniones de la Ponencia habían transcurrido con tranquilidad, la situación empezó a complicarse cuando en noviembre de 1977 varios periódicos publicaron el primer borrador. Una vez que el estado del trabajo constitucional vio la luz, algunas cuestiones sensibles como la articulación territorial del país, la relación entre la Iglesia y Estado y la capacidad de intervención del Gobierno en la economía empezaron a debatirse en la esfera pública. El mimo por el detalle era tal que cuando el 5 de enero de 1978 se dio por finalizado el borrador y se abrió un plazo de 20 días naturales para la presentación de enmiendas, se recibieron más de 3000.
Pactos extramuros
La redacción de la Constitución pasó por momentos de incertidumbre a pesar de las numerosas reuniones mantenidas y las horas de discusión entre los ponentes. El grado de parálisis fue tal que el propio Santiago Carillo llegó a decir que hasta que no se encerrasen en un convento y no saliesen con la Constitución terminada no habría texto. Y así se hizo. En marzo de 1978 los futuros «padres de la Constitución» se enclaustraron en el Parador de Gredos para desencallar la situación y leer las más de mil enmiendas propuestas al texto constitucional. Las interminables horas en el Salón del Silencio y los largos paseos por el monte dieron sus frutos. Una semana después, la diferencias se fueron reduciendo y los ponentes pudieron, finalmente, llegar a los pactos necesarios para que la Constitución fuese una realidad.
A pesar de los avances en Gredos, el camino para la redacción definitiva de la Constitución no iba a ser apacible. Las diferencias resurgieron con el debate de la enmienda para la legalización del estado de excepción. El PSOE se negó a ceder en ese punto, e incluso Guerra llegó a declarar que no iban a apoyar la constitución «más reaccionaria» de Europa. Suárez, ante la decidida postura de González y Guerra, impulsó una serie de reuniones informales encabezadas por Abril Martorell. Las negociaciones se llevaron a cabo en un lugar discreto, el reservado del madrileño restaurante José Luis. Otros líderes como Pérez Llorca, Arias Salgado, Gómez Llorente o Múgica también participaron en estos grupos de trabajo reunidos en hoteles o despachos particulares. Unas largas jornadas de trabajo extraoficial que fueron decisivas para la aprobación final del texto constitucional.
Mientras tanto, en el escenario oficial de negociaciones, los ponentes encontraban cada vez más dificultades para llegar a acuerdos. Peces-Barba criticaba con frecuencia que UCD -que contaba con 3 de los 7 asientos- utilizaba mayorías mecánicas para imponer su criterio y desoír al resto de ponentes. La tensión crecería en los meses de febrero y marzo a medida que estudiaban las distintas enmiendas hasta que estalló el 7 de marzo de 1977, cuando el Partido Socialista decidió retirar a Peces-Barba de la Ponencia para expresar su malestar ante la aprobación de dos enmiendas al artículo 28, relativo a la educación.
La explicación que dio el PSOE al abandono de Peces Barba fue que las modificaciones introducidas en el artículo no pretendían otra cosa que retrasar el trabajo para impedir la convocatoria de elecciones municipales. Peces-Barba lamentaba que UCD utilizara su mayoría para introducir enmiendas que acababan con consensos ya alcanzados. “Nuestra finalidad era conseguir para nuestro país una Constitución que nos dejase a todos un poco insatisfechos, pero no tanto como para pedir de inmediato su reforma”, lamentaba ante la prensa tras anunciar su renuncia. Su decisión fue vista como un acto de grave importancia, que abría un cisma entre UCD y el PSOE y ponía en peligro el proyecto constitucional, como daban cuenta las portadas del 8 de marzo.
Por su parte, la oposición relativizó la importancia de la salida del ponente socialista y manifestó su intención de seguir con los trabajos con normalidad. Además, explicaban que las enmiendas al artículo 28 ya habían sido debatidas y votadas anteriormente y no figuraban en el orden del día, pese a las protestas de Peces-Barba. “Los ponentes lamentan la decisión del señor Peces-Barba, que les privará de su importante concurso, pero entienden que a pesar de su ausencia, un criterio de responsabilidad impone terminar su casi agotador trabajo cumpliendo con el mandato que tienen recibido en tema de tanta trascendencia para España”, reza el comunicado.
En declaraciones a los medios, Manuel Fraga, que el día de la controversia presidía la Ponencia, respondía lo siguiente ante la pregunta de si Peces Barba se había marchado disgustado y dando un portazo:
“No es cierto. El señor Peces-Barba se marchó con su acostumbrada corrección y caballerosidad. Lo que ocurre es que la maldita puerta de la sala donde nos reunimos tiene muelles fuertes y siempre da portazos. En la Ponencia nos hemos llevado siempre como buenos amigos que somos, y somos, en todo momento, muy amables unos con otros”.
A pesar de la preocupación generada, Fraga confirmó ese día que el grupo seguiría trabajando y reafirmó su seguridad de que los esfuerzos llegarían a buen puerto. Explicó también que la Ponencia había conseguido el consenso en un 80 por ciento del texto constitucional, “lo cual no era precisamente su obligación” porque podrían haberse basado exclusivamente en la lógica de mayorías y minorías y que tenían terminado su trabajo al 99 por ciento, lo que les permitiría firmar el informe final el 10 de abril, como estaba previsto.
Y en efecto, las tensiones aminoraron durante el siguiente mes hasta posibilitar la anunciada firma y la posterior publicación del informe en el BOCG el 17 de abril. A partir de ese momento los trabajos seguirían transcurriendo con normalidad, y el PSOE desempeñaría un papel relevante en los trabajos de la Comisión parlamentaria que tomó el testigo de los Padres de la Constitución y siguió puliendo el texto hasta conformar la que hoy es nuestra Constitución. Hace hoy 40 años siete hombres lograron poner fin a sus diferencias mediante el diálogo y dieron un empujón definitivo a la democracia española.