¿Cuándo finaliza la legislatura?
La legislatura tiene una duración máxima de cuatro años, transcurridos los cuales expira automáticamente el mandato de los diputados y senadores. Sin embargo, puede verse acortada en determinados supuestos de disolución anticipada: por decisión del presidente del Gobierno o por aplicación de dos supuestos constitucionales: cuando ningún candidato consigue la mayoría necesaria para ser presidente del Gobierno, según el artículo 99.5 de la Constitución, o cuando se acuerda una reforma constitucional completa o de los artículos de especial protección.
¿Tras la disolución de las Cámaras quedan diputados “en funciones”?
No. Los diputados cesan el mismo día en el que entra en vigor el decreto por el que se disuelven las Cámaras y se convocan elecciones, salvo los que forman parte de la Diputación Permanente -actualmente 68-, que se mantienen hasta la constitución del nuevo Congreso tras las elecciones generales.
¿Qué es la Diputación Permanente?
Es el órgano parlamentario al que la Constitución encomienda velar por los poderes de la Cámara fuera de los periodos ordinarios de sesiones, es decir, los meses de enero, julio y agosto; y entre legislaturas. Cuando las Cámaras están disueltas asume competencias muy específicas en sustitución del Pleno. Concretamente la convalidación o derogación de reales decretos-leyes o, si llegara el caso, las decisiones relacionadas con los estados de alarma, excepción y sitio.
En los meses de enero, julio y agosto, la Diputación Permanente se reúne para decidir si deben convocarse sesiones extraordinarias del Pleno o las Comisiones para, por ejemplo, acoger comparecencias o tramitar iniciativas.
La Diputación Permanente se constituye al inicio de cada legislatura, y está formada por los diputados que designa cada grupo parlamentario, en número proporcional al total de escaños que consiguieran en las elecciones generales, con el fin de que sus decisiones reflejen la voluntad de los ciudadanos.
¿Qué pasa con las iniciativas que no han terminado su trámite?
Una vez disueltas las Cámaras, todas las iniciativas en tramitación caducan, con dos excepciones: las que parten de una iniciativa legislativa popular o las proposiciones de ley procedentes de comunidades autónomas. En estos casos, será la Mesa del siguiente Congreso la que decida en qué momento de la tramitación retoma esas iniciativas. Es decir, si prosiguen en el punto en el que quedaron o si vuelven, por ejemplo, al inicio del mismo, con el debate de toma en consideración.
¿El Congreso disuelto puede aprobar leyes?
Los proyectos y proposiciones de ley en tramitación han caducado, por lo que la Cámara no puede continuar el procedimiento legislativo. Ahora bien, la Diputación Permanente, único órgano que se mantiene tras la disolución de la Cámara, asume la potestad del Pleno de convalidar o derogar reales decretos-leyes, ya que la Constitución determina que estas disposiciones legales del Gobierno deben contar con el visto bueno del Congreso en un plazo máximo de 30 días para mantenerse en vigor.
¿Qué ocurre con el Gobierno cuando las Cámaras se disuelven?
El Gobierno mantiene sus plenas facultades hasta el momento en el que se celebran las elecciones generales. A partir de ese día, en este caso el 23 de julio, el Ejecutivo entrará en funciones, con las limitaciones que eso conlleva, y que están previstas en la Ley del Gobierno. El Gobierno sigue en funciones hasta el nombramiento de un nuevo presidente, tras ser investido de la confianza del Congreso de los Diputados resultante de las elecciones.
¿Cuándo toman posesión de su escaño los nuevos diputados?
La condición plena de diputado se adquiere en la sesión constitutiva del Congreso, en el caso de la XV Legislatura el próximo 17 de agosto. En ese momento y tras el acatamiento de la Constitución, todos los diputados toman posesión efectiva del escaño. La fecha de la sesión constitutiva se establece en el real decreto de convocatoria de elecciones y debe celebrarse antes de los veinticinco días posteriores a las elecciones.
No obstante, los diputados lo son desde el día de las elecciones y en las semanas posteriores al día de los comicios y antes de la sesión constitutiva deben completar una serie de pasos previos: la entrega en la Cámara Baja de la credencial expedida por la Junta Electoral Provincial y la presentación de las declaraciones estipuladas en la ley y el Reglamento parlamentario.
