Las elecciones del 77 marcan y son reflejo de un momento de cambio. Cambio político, pero también cambio social, un cambio que viene determinado por una serie de factores que han sido ampliamente analizados, y que vamos a apuntar en esta entrada, con los datos obtenidos del informe realizado por la Fundación FOESSA en el año 1978, y que nos ofrece una visión bastante precisa de sociedad española en los momentos previos a ese 15 J que nos ocupa.

FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965 con el fin de analizar y dar a conocer la situación social de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social. Su Consejo Científico está formado por investigadores de diferentes universidades de nuestro país, y cuenta además con la participación de una red integrada por más de 60 expertos.

Apenas un año después de las elecciones del 15 de junio, la fundación publicaba su tercer informe, resumido en un volumen, Síntesis actualizada del III Informe FOESSA, que bajo la dirección de varios sociólogos pretendía “contribuir a un estudio serio y de altura de nuestro acontecer social, con la mirada puesta en la progresiva construcción de una sociedad moderna y democrática”.

El informe se abre con un análisis de la situación demográfica en España, cuyos rasgos más sobresalientes son el envejecimiento de la población, por el progresivo incremento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad después del “boom” de las dos décadas anteriores; el crecimiento de los sectores industriales y de servicios unido a la disminución de la población activa agraria, el éxodo rural, que afectó a más de 1,4 millones de trabajadores del campo entre 1961 y 1970; y la creciente proletarización de la población activa. Paralelamente, el grado de cualificación profesional tiende a aumentar, especialmente el nivel de los titulados medios.

Arévalo (Ávila), 1974. Fotografía de V. Ramos, cedida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El estudio, dirigido por Ángel Carrión, resalta como característica fundamental del mercado laboral en España el “desequilibrio”: según el sexo, con una participación femenina inferior, especialmente fuera de los núcleos urbanos y en mujeres casadas; y también en las edades, con “excesiva” actividad en la población muy joven pero también en edades muy avanzadas.

Otro de los rasgos estructurales más importantes de la sociedad y la economía en esos años es la corriente migratoria la exterior, hasta el punto de que un 8 por ciento de la población activa española reside en otros países de Europa, “presionando indirectamente el mercado de trabajo y con repercusiones en el campo salarial”. En cambio, la riqueza que estos emigrantes envían a España “no sirve para desarrollar sus regiones de origen, generalmente las más atrasadas económicamente”, sino que “son un estabilizador general de la economía española, invirtiéndose en las regiones y sectores más rentables”.

Por lo que respecta a los movimientos migratorios interiores, se produce en la década de 1960 a 1970 un proceso de concentración de la población por una reducción importante del número de municipios de menor población; el incremento, en un 56%, de la población de los núcleos superiores a 30.000 habitantes; y la fuerte atracción demográfica de los grandes municipios, por encima de los 200.000 habitantes. La población abandona el interior y se congrega en las costas, con excepción del área de Madrid.

El estudio dedica un apartado específico a la educación, bajo la dirección de Alfonso Pérez Peñasco. Al inicio de la década de los 70, el porcentaje de población que está estudiando es del 21,7 por ciento. Por niveles, el 68% corresponde a preescolar y estudios primarios, el 22,2% bachillerato, el 5,9% oreos estudios medios y el 3,3% estudios superiores.

La pirámide educativa española, sintetiza, sitúa a nuestro país en un grupo intermedio de naciones que han conseguido desarrollar bastante su nivel medio de estudios, pero poco el nivel superior. Las mujeres han realizado avances “más espectaculares que los varones” a nivel de bachillerato y enseñanzas superiores. Sin embargo, siguen en una proporción de tres a siete en otros estudios medios y en estudios superiores.

Comportamiento político: del desinterés a la motivación

Para acercarnos al contexto social en el que se preparan y se celebran las elecciones de 1977 nos detenemos en el comportamiento político de los españoles y la evolución del mismo a lo largo de la década de los 70. Uno de los factores destacables es la escasa motivación política en los años previos al 15J, que puede achacarse, tal y como afirman M. Gómez-Reino, D. Vila y F.A. Orizo en sus conclusiones a partir de encuestas realizadas en los primeros años de la década, “a dos reacciones bien distintas: desinterés por la elección o militancia abstencionista activa”.

“La representación es la vía o armadura a través de la cual se desarrolla un proceso participativo. De todas formas, no todo el mundo desea participar en las decisiones de la vida pública”. Así, en el caso español, según la encuesta de Foessa, un tercio de la población continúa sin estar interesada en una participación democrática (son los potencialmente autoritarios), mientras que probablemente superen el 60 por 100 los interesados en participar.

Estos segundos, que constituyen “la plataforma que apoyará cualquier evolución democrática hacia la participación” vive en comunidades urbanas, es joven, cuenta con mayores niveles educativos, se autoclasifica en niveles sociales altos y medios altos, cuenta con más proporción de profesionales, cuadros medios y obreros cualificados y manifiesta un liberalismo político más acusado. “A medida que evoluciona la sociedad española en esa misma medida se ensanchará la plataforma social de base para un desarrollo político democrático, a la vez que progresivamente perderá relevancia la parcela social autoritaria”, exponen los directores del estudio.

En cuanto a las preferencias respecto al procedimiento de designación de los cargos públicos, el 82 por ciento de la población encuestada considera que “para que una persona represente o defienda eficazmente los intereses de los ciudadanos” debe ser elegida por los mismos ciudadanos. La encuesta revela, del mismo modo, que la satisfacción con la actividad de los procuradores franquistas tiende a decrecer. Queda, así, legitimada socialmente la elección democrática del Parlamento. Vuelve la soberanía popular.

El cauce para la participación política y también para la expresión de tendencias y de conflictos son las asociaciones y partidos políticos. El fenómeno asociativo es minoritario en España en esos años, indica el estudio, de un 37 por ciento, en el que se incluyen las de carácter religioso, cultural, cívico y deportivo. En cuanto al asociacionismo obrero, la encuesta revela “que no se incluye entre las aspiraciones de los trabajadores”, aunque el 48 por ciento se muestran partidarios de la existencia de sindicatos obreros, como “auténticas organizaciones controladas por ellos mismos, sin intervención del Estados”.

Por lo que respecta a los partidos políticos, sólo un 14 por ciento de la población se muestra favorable a los mismos, mientras que un 20 por ciento los considera perjudiciales. Estos porcentajes se invierten al hablar de “asociaciones” políticas, y no de partidos. En el momento de realizar esta encuesta, no se ha configurado aún el sistema de partidos, por lo que a la hora preguntar a los ciudadanos a quién entregarían su voto, el estudio divide las opciones en «tendencias políticas». Así, el 14% opta por la democracia cristiana; el 13% del movimiento; el 6% votaría socialdemócrata; el 5%, socialista,; el 3%, liberales, y el 1% carlistas, regionalistas y “otros”. El mayor porcentaje, un 43%, es para el “no sabe, no contesta”.

Referéndum de la Ley para la Reforma Política: un punto de inflexión

En la evolución del comportamiento político de los ciudadanos debe considerarse como punto de inflexión el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política celebrado en 1976, que supone un antes y un después desde el punto de vista de la sociología política. La respuesta de los españoles ante el referéndum no fue, indica el informe, “un acto entusiasta de fe democrática, pero sí fue lo suficientemente consciente y responsable como para sentir la necesidad de hacer lo que se estaba haciendo, como para juzgar el trámite de las urnas como un paso obligado que había que dar, como la conciencia de que se estaba legitimando el tránsito a la democracia”.

“Las élites políticas en el poder –frente a la hostilidad e indiferencia de la oposición democrática- aceptan su propia eliminación y el desmontaje del sistema vigente, por lo que la nueva democracia nace sin ruptura, como evolución política leal y legítima. El hecho es muy relevante a la hora de explicar las actitudes de consenso y, desde luego, se configura como un caso insólito en la historia política moderna”, exponen los autores.

El clima político de opinión después del referéndum es, a la vista de una encuesta realizada ya en enero de 1977, es claramente moderado, con una inclinación hacia el centro-derecha que después avanzará hacia la izquierda, pero con poco peso de los extremos. En cuanto a la participación prevista para las elecciones generales, los indicios apuntaban a que fuera alta, aunque “tampoco desmedida, cosa lógica por el deseo de participar en una primera elección democrática después de un largo periodo de régimen autoritario”. El 70 % de la población consideraba que las elecciones servirían para que se prestara más atención a sus aspiraciones.

Imagen de la jornada electoral cedida por el Diario Abc para la exposición ‘Habla pueblo, habla’

Base electoral y circunscripción en las elecciones del 15J

En el análisis de los votantes de las cuatro formaciones políticas que obtuvieron mayor representación parlamentaria, el estudio indica es la combinación de los antecedentes históricos con la estructura social de las provincias lo que explica en mayor medida las variaciones del voto. “Todavía podemos concretar más la definición de estructura social en base a una sola variable: la de población activa en la agricultura”, afirma. Para los partidos representativos de la derecha (UCD y AP) la población activa en la Agricultura mantiene una relación de tipo positivo, mientras que para los partidos de izquierda la población activa en la agricultura actuará en sentido negativo.

En cuanto al contexto social en el que se asienta el apoyo de cada uno de los partidos, el estudio indica que los de PSOE y PC son los que presentan un mayor nivel de semejanza, y a su vez los contextos de estos dos partidos se presentan como más diferentes a los de UCD. Por otro lado, estas semejanzas que se observan en los partidos de izquierdos no aparecen entre UCD y AP. “Aunque existen semejanzas, hay elementos diferenciadores claros que no permiten hablar, por lo menos en el análisis efectuado a nivel provincial, de electorado totalmente semejante o de electorados totalmente opuestos o incompatibles”.

La consolidación democrática

En la sociología política de la transición española, los autores del informe subrayan la “escasa implicación de la población de la población general, de los ciudadanos del país, en las tareas de gobierno y activismo político. Si el electorado como totalidad se ha comportado con estilo europeo, ha habido y hay grupos de generaciones intermedias que no se han comprometido con las responsabilidades políticas y cuya ausencia se nota en los cuadros dirigentes de los partidos y en el Parlamento”.

Entre las razones que apuntan los sociólogos, una de ellas es “la escasa cristalización de los partidos, en periodo todavía de formación, o en el carácter exclusivamente ideológico de alguno de ellos”. El acusado distanciamiento entre los militantes activos y el electorado, agudizado por la escasa base de algunos partidos y por la diferenciación generacional en su reclutamiento, hace que “la realidad política sea algo más que un simple reflejo de la estructura social”.

En este contexto, concluyen, “la responsabilidad de los líderes es, si cabe, mayor de lo que sería en las circunstancias ordinarias de una democracia ya puesta en marcha. Es una triple responsabilidad: frente a los militantes, frente a la base electoral, frente al colectivo nacional. De que se cumplan esas responsabilidades depende buena parte del futuro de la democracia española”.

Cuarenta años antes, cuarenta años después 

La sociedad que «estrenaba» democracia en 1977 ya no es la misma que había participado en las elecciones republicanas de 1936. La progresiva industrialización, el éxodo rural, los desequilibrios entre el mundo rural y el urbano, entre el interior y la costa, el exilio económico y político, el inicio del “retorno”, la apertura paulatina al exterior… son factores que marcaron la forma de afrontar una transición que permitiera equiparar el modelo institucional español a las democracias occidentales.

Los ciudadanos que hicieron posible el nacimiento de nuestra democracia parlamentaria tampoco son los mismos que hoy, cuarenta años después, acuden con naturalidad a las urnas para designar a sus representantes políticos, o que optan por practicar esa “militancia abstencionista activa” de la que hablaban ya los autores de este estudio.

Hoy somos casi diez millones más, aunque los nacimientos han bajado de casi 650.000 en 1977 a menos de 200.000 según los datos provisionales de 2017. También somos algo más mayores, porque la esperanza de vida ha pasado de 74,2 a 82,7. Los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos al último año revelan también que el número de habitantes decreció durante 2016 en Castilla y León, Galicia, Castilla–La Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria y La Rioja, y aumentó en el resto de comunidades autónomas.

Estas son algunas de las características demográficas y sociales que pueden extraerse de los datos estadísticos. Características que influyen, en mayor o menor medida, en nuestro criterio, en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes, también ante la política.

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