CONGRESO DIPUTADOS – PONENCIA CONSTITUCIONAL: Madrid, 23-12-1977. Emilio Attard (3i), presidente de la Comisión constitucional, hace entrega al presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda (c), del anteproyecto de la Constitución en la sala de ministros del Palacio de las Cortes. Participan entre otros, Luis Vega Escandón (i), Enrique Múgica (3d) y Gregorio Peces Barba (d). EFE/jt

Poco antes, como paso previo y lleno de simbolismo, en la tarde del 23 de diciembre los siete ponentes habían entregado el documento a la Mesa de la citada Comisión, presidida por Emilio Attard, y al presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, en un acto sobrio aunque revestido del empaque que requería lo histórico del momento, según las crónicas de los informadores presentes. En una breve intervención, Attard incidió en la ingente tarea que le esperaba a la Comisión para alcanzar la institucionalización de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Por su parte, Álvarez de Miranda, se centró en el consenso de fuerzas políticas: “Lo más importante está ya hecho, pese a que aún queda camino por recorrer”. Los presentes se dirigieron después al despacho del presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, quien calificó el trabajo realizado como el mejor antecedente para tener una Constitución perdurable.

Llegar a esta primera versión de la Constitución requirió 232 horas de deliberaciones repartidas en 23 sesiones, desde el 22 de agosto hasta el 14 de diciembre de 1977. Se había cumplido con el acuerdo adoptado por los líderes políticos de que el anteproyecto tuviera origen parlamentario. De hecho, una de las primeras decisiones adoptadas por la Cámara, constituida el 13 de julio y tras la solemne apertura de las Cortes el día 22, fue la creación, el 1 de agosto, de un órgano específico, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, integrada por 36 miembros repartidos proporcionalmente entre las fuerzas representadas en la Cámara: 17 de UCD, 13 del PSOE, 2 del PCE, 2 de AP, 1 de la Minoría vasco-catalana y 1 del Grupo Mixto. Ese mismo día se designó a los conocidos desde entonces como padres de la Constitución: 3 de UCD, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca; 1 del PSOE, Gregorio Peces-Barba; 1 de AP, Manuel Fraga; 1 del PCE, Jordi Solé Tura; y 1 de la minoría vasco-catalana, representada por Miquel Roca.

El Reglamento del Congreso ratificaba sin ninguna duda la génesis parlamentaria de la que sería nuestra norma fundamental y, con ello, su total legitimidad democrática. Aprobado en octubre de ese año, dedicaba el Capítulo V a la elaboración de la Constitución, con la creación de una comisión parlamentaria y el encargo a un grupo reducido de sus diputados de una primera redacción. Igualmente, abordaba el resto de la tramitación, incluido el procedimiento de votación y la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara en su primera lectura.

Aquella tarde de finales de diciembre, no sólo se presentó el Anteproyecto de Constitución sino que también se distribuyó a todos los diputados y a los representantes de los medios informativos. Sin embargo, para entonces los españoles ya habían tenido acceso a su contenido. El 22 de noviembre, el semanario Cuadernos para el Diálogo daba a conocer los 39 primeros artículos del borrador, en una estrategia de filtración conjunta con El País y La Vanguardia que concluyó con la publicación íntegra del texto por esta última cabecera tres días más tarde. Soledad Gallego-Díaz, José Luis Martínez y Federico Abascal fueron los periodistas que se hicieron con el material informativo más codiciado del momento.

Los medios de comunicación, la Prensa, habían conseguido romper el secreto y la confidencialidad convenidos por los ponentes en sus reuniones. Fue todo un acontecimiento en una España, la de 1977, que vivía una ansiada apertura. Por un lado, las reuniones a puerta cerrada garantizaban el sosiego necesario para avanzar en las negociaciones y la redacción. Por otro, se criticaba la opacidad de la Ponencia y la escasa información que ofrecía. Para unos, la filtración ponía en riesgo el consenso. Para otros, evitaba el alejamiento de los ciudadanos.

Sea como fuere, la filtración se produjo tras la primera lectura del borrador, el 17 de noviembre.  Deliberada o no, en torno a ella se generó un estado de opinión de gran agitación y efervescencia que influyó en las subsiguientes lecturas que la Ponencia tenía previstas para entregar un texto lo más cerrado posible en contenido y forma. No obstante el secreto de las sesiones, se levantó una minuta de los acuerdos de cada una de ellas, recopiladas por la Revista de las Cortes Generales en 1984.

Durante cuatro meses, los siete padres trabajaron conforme a un plan que asumía el compromiso de redactar un documento completo. No se repartieron las materias sino que optaron deliberar conjuntamente todas las propuestas y aportaciones a cada título, capítulo y artículo. La Ponencia dejó constancia de esta voluntad de consenso en una nota en la que señalaba que fue propósito deliberado lograr el máximo de compromiso en el mayor número de cuestiones y reducir el número de votos particulares.

Concluida esta primera etapa, el Anteproyecto de Constitución quedó estructurado en 10 títulos, 159 artículos y 5 disposiciones transitorias. Se incorporaron, además, los 168 votos particulares: 18 de Manuel Fraga, del Grupo de Alianza Popular;  45 de Solé Tura, del Grupo Comunista; 31 de Miquel Roca, por la minoría catalana; 58 de Peces-Barba, por el Grupo Socialista del Congreso, y 16 por Cisneros, Herrero y Rodríguez de Miñón y Pérez-Llorca, del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático. De entre los presentados destacan el voto particular socialista al título dedicado a la Corona o el de Alianza Popular a los Territorios Autónomos.

La publicación en el BOC el 5 de enero de 1978 confirió, por fin, a aquel primer y esencial documento el carácter oficial imprescindible para avanzar en una tramitación parlamentaria que muchos creían que se demoraba, y la apertura del plazo de presentación de enmiendas llevó, por fin, después de unos meses de negociación intensa y difícil, al debate parlamentario público en mayo, cuando comenzaron las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y para las Libertades Públicas.