Decía Antonio Hernández Gil que no creía que las fechas históricas. Pero el 26 de octubre de 1978 el presidente de la Comisión Mixta añadió: “sí admito los procesos históricos que se expresan en una fecha”. Aquel día era, para Hernández Gil y el resto de diputados constituyentes, una de esas jornadas históricas. La Comisión Mixta Congreso-Senado había aprobado el texto definitivo de la Constitución que se llevaría a Pleno para su aprobación final.
Dos semanas atrás el Congreso designaba a los miembros de esta comisión encargada de depurar las discrepancias entre el texto aprobado por el Congreso y las modificaciones incorporadas en el Senado. El presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, como independiente; Fernando Álvarez de Miranda, José Pedro Pérez Llorca, Antonio Fontán, Fernando Abril y Antonio Jiménez Blanco, de UCD; Alfonso Guerra, Francisco Ramos y José Vida Soria, del PSOE, Miquel Roca por Minoría Catalana y Jordi Solé Turá, del PSUC, resultaron elegidos tras una serie de pactos entre formaciones que, entre otros, dejaron fuera al socialista Martín Toval.
Los trabajos de depuración de esta Comisión se desarrollaron “sin luz ni taquígrafos” para descontento de la prensa que cubría la información parlamentaria. Los periodistas tenían que aguardar en los pasillos del Congreso a que, una vez finalizada cada reunión, el presidente Hernández Gil saliese a explicar el estado de los trabajos. Bonifacio de la Cuadra escribía en las páginas de El País que “sabemos que se están produciendo confrontaciones de interés político entre los partidos, a propósito de los textos constitucionales, cuyo conocimiento resultaría muy útil a la opinión pública para valorar las distintas opciones de poder, de cara al futuro constituido”.
La Vanguardia, 25 de octubre de 1978
Uno de los primeros cambios aprobados por la Comisión fue rechazar la modificación incorporada en el Senado respecto a la alusión del español como lengua oficial del Estado en el artículo tercero. El rechazo a la enmienda defendida en su día por senadores como Camilo José Cela o Julián Marías despertó el cuestionamiento de parte de la prensa. “La Comisión Mixta ha desechado el texto que se aprobó en la Alta Cámara y ha vuelto a su inicial, equivoca y equivocada redacción. El desaliento que tales alardes de inflexibilidad produce a muchos, está plenamente justificado. El desaire, la altanería, el carpetovetónico “mantelella y no enmedalla” producen más cansancio que cólera”, reflexionaba Torcuato Luca de Tena en ABC.
A los cambios menores en la redacción de ciertos artículos se sumaban debates más amplios. Entre otros, se acordó remitir las referencias a la elección de diputados y senadores de Ceuta y Melilla a una disposición adicional o suprimir la referencia a una nueva atribución al Rey, pactada en el Senado, por la que le correspondía “velar por la conservación y fortalecimiento de los vínculos espirituales, culturales y de especial convivencia entre España y las naciones de su comunidad histórica”. También en relación al Rey, su convocatoria de referéndum no será refrendada por el presidente del Gobierno sino “a propuesta” del mismo.
Uno de los asuntos más polémicos de todo el proceso constitucional y, por extensión, de la Comisión Mixta fue el autonómico. Según las crónicas de la época, el desacuerdo venía por las modificaciones introducidas en el Senado. Uno de esos puntos críticos, la disposición adicional primera y la posición de PNV al respecto, quedó, en palabras de Hernández Gil a los medios, igual que en texto inicial del Congreso.
Al margen de sus trabajos de armonización del texto constitucional, la decisión política más importante de las tomadas por la Comisión Mixta fue el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que Adolfo Suárez se convirtiese en el primer presidente del Gobierno constitucional. Durante los últimos debates sobre el texto surgió la cuestión de qué debería hacer el presidente una vez promulgada la Constitución. La duda entre sí debería o no dimitir y convocar elecciones fue, finalmente, resuelta al acordar que el presidente continuaría en funciones durante treinta días antes de optar por la disolución de las Cámaras o someterse a una votación de investidura. Además, se estableció el 15 de junio de 1981 como el límite máximo para la continuidad de las actuales Cámaras legislativas. Así, Suárez, respaldado por todas las fuerzas parlamentarias presentes en la Comisión, sería Presidente del Gobierno con la Constitución de 1978 ya en vigor.
El País, 26 de octubre de 1978
A las doce menos cuarto de la noche el presidente Antonio Hernández Gil se dirigía a los periodistas congregados en el Palacio del Congreso para comunicar el fin de los trabajos de la Comisión. “Tengo el honor y la satisfacción de anunciarles que ha terminado nuestra labor. No ha habido votaciones. Ha existido acuerdo general en los diversos puntos, aunque las posiciones personales no han sido siempre exactamente las mismas, pero el sentido de colaboración ha permitido llevar a cabo esta obra, que expresa una cohesión social del país”. Mientras hablaba Hernández Gil, los diputados miembros de la Comisión celebraban la gesta. Jiménez Blanco, entre abrazos, le preguntaba a Francisco Ramos por lo contento que estaba tras la aprobación; a unos metros, Alfonso Guerra y Abril Martorell, protagonistas del tan proclamado consenso, brindaban por una Constitución que, por fin, era más que una realidad.
